ALERTA IGNORADA
Aguirre e Ignacio González ignoraron y ocultaron informes sobre irregularidades en el Canal de Isabel II
La documentación, elaborada por dos despachos de abogados, desaconsejaba la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. Uno de los informes afirma tajantemente que la operación fue irregular.
Esperanza Aguirre e Ignacio González ocultaron, según OK Diario, dos informes del despacho de abogados Cuatrecasas que alertaban de supuestas irregularidades en la compra de Inassa por parte del canal de Isabel II.
Fechados en 2005 y 2009, los informes ponen negro sobre blanco lo extraño de la operación. "La existencia de una serie de circunstancias que llaman la atención y que merecen, al menos, la calificación de inhabituales, cuando no de irregulares", afirma el texto.
Para Cuatrecasas llama la atención que se pagasen 73 millones de dólares por una empresa tasada en menos de siete. Pero lo más llamativo para el despacho de abogados es cómo se estructura la operación.
Se trata de una empresa pública española que quiere comprar una colombiana, Inassa. Para hacerlo los dueños colombianos crean una sociedad en Panamá, Sociedad de Aguas de América, con el 75% de las acciones de Inassa. El Canal de Isabel II a su vez, crea en diciembre de 2001 una filial, Canal Extensia, que dos meses después, en febrero de 2002, compra la empresa panameña. Esta se disuelve sólo unos días después: el 21 de febrero.
Hay más: la autorización de la Comunidad de Madrid era para comprar Inassa directamente, no la compañía panameña. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que "buscaban enriquecerse con el dinero de los madrileños, intentar crear estructuras al margen del control de la Asamblea de Madrid y del Gobierno de Madrid".
Según Ok Diario, los ideólogos de la operación fueron dos hombres de Gallardón: Pedro Calvo, entonces presidente, y su gerente, Arturo Canalda, que negó irregularidades: "No hubo un informe que pusiera en duda la operación".
Una afirmación que es falsa, existe otro informe de un despacho de abogados, Garrigues, que ya en 2001 advertía de irregularidades.