Y ahora, qué: la herencia del franquismo que aún pervive en España

La exhumación de los restos de Francodel Valle de los Caídos supondrá el fin de un simbólico capítulo en la lucha por la Memoria Histórica. Pero aún quedan por responder algunos interrogantes. ¿Qué pasará con el Valle de los Caídos?, ¿se exhumará también a las víctimas de la dictadura que están enterradas en él?

Hay muchos pueblos, basílicas y fosas comunes repartidas a lo largo y ancho de España donde todavía pervive la huella de 36 años de dictadura. Uno de los pasos que seguirá al traslado de los restos del dictador será el de recuperar los restos de las más de 30.000 personas enterradas en el Valle de los Caídos.

"No hay que olvidar que Franco está rodeado de 30.000 personas a las que ordenó asesinar. Hay familias aragonesas que tienen reconocido el derecho a exhumar y lo que piden es lo obvio, el derecho a reencontrarse con sus seres queridos y exhumar a los olvidados", según la explicación de Eduardo Ranz, abogado especialista en procesos legales de Memoria Histórica, durante una entrevista en El Intermedio.

A su juicio, "hay que desarrollar un proyecto de mínimos por el que se retire toda la simbología de exaltación, se facilite a las familias que lo soliciten la exhumación de sus seres queridos, se desplace el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera de un lugar prominente a otro como víctima de la Guerra Civil y dictadura, y se explique quién construyó ese monumento (el Valle de los Caídos), para qué y por qué".

La herencia franquista

En España se mantienen todavía los nombres de muchos pueblos con herencia franquista: Guadiana del Caudillo, Llanos del Caudillo, Villafranco del Guadiana, Alberche del Caudillo o Villafranco de Guadalhorce son algunos ejemplos.

En el caso del primer pueblo, gobernado por el PSOE desde los comicios de mayo, se ha aprobado cambiar el nombre a Guadiana, y además se ha retirado una placa que rendía homenaje al dictador. También durante los últimos años, otras pequeñas localidades se han ido desprendiendo del apellido "del Caudillo", como Águeda o Bembézar.

El Ministerio de Justicia solicitó el pasado febrero a 656 municipios que retiraran vestigios que todavía permanecían en sus espacios públicos, como las 1.171 calles y plazas que conservaban nombres de destacadas figuras del franquismo.

Las fosas comunes

La más grande de las fosas comunes sigue siendo el Valle de los Caídos, donde, según el censo del Ministerio de Justicia, descansan los restos de más de 33.8333 personas de ambos bandos de la Guerra Civil, de las cuales más de 12.4000 están sin identificar.

Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial reconoció en 2016 a los familiares de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle para trasladarlos a su localidad natal, pero los trámites se dilatan sin una fecha de plazo.

Tampoco hay novedades del plan de choque anunciado por el Ministerio de Justicia para impulsar las exhumaciones de las fosas comunes desperdigadas por todo el país, muchas todavía sin inventariar.

El Gobierno socialista creó una nueva dirección general para la Memoria Histórica, pero quien comenzó a dirigirla, Fernando Martínez, dejó el cargo para optar a un escaño en el Senado en abril (y vuelve a encabezar la lista por Almería) y el presupuesto del departamento, para el que se habían previsto 15 millones de euros, sigue a cero al tumbar el Congreso las nuevas cuentas del Ejecutivo.

Los bienes de los Franco

Otro de los frentes abiertos en materia de memoria histórica es el de la propiedad de el pazo de Meirás. En julio, la Abogacía del Estado presentó una demanda contra la familia Franco por la que fuera la residencia de verano del dictador. Defiende que la compra fue"simulada" y "fraudulenta". Piden que la propiedad pase a tener titularidad pública.

También, con el fin de la legislatura no se ha puesto en marcha lareforma integral de la ley de Memoria Histórica que prometía el Gobierno y a través de la cual se iba a modificar la normativa en materia de fundaciones para poder ilegalizar a las que inciten al odio o la violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.