Alaya mantiene la declaración del exinterventor y critica la actitud de la Junta

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo irregulares de la Junta de Andalucía ha rechazado la petición para que suspendiera la declaración del ex interventor general Manuel Gómez Martínez, comparecencia que mantiene para el próximo jueves, todo ello en un auto en el que critica duramente que la Administración haya recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la imputación de los últimos 20 cargos o ex altos cargos de la Administración autonómica.

En un auto, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla asevera que el hecho de que la Junta haya recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial y no ante la propia juez, lo que "posibilitaría una explicación razonada", es una posición "más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta".

La Junta no sólo había pedido que se suspendiera la declaración del ex interventor, sino también que, mientras la Audiencia no resolviera su recurso de apelación, no se citara a declarar a ninguno de los 20 cargos o ex altos cargos imputados en el último auto, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez.

Pues bien, la instructora no sólo mantiene la declaración del ex interventor, sino que también decide efectuar nuevos señalamientos y cita a declarar como imputados al actual viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y al también ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, que comparecerán ante la juez los días 17 y 19 de septiembre, respectivamente, así como al exparlamentario socialista Ramón Díaz, que lo hará el día 9 de octubre.

También cita a declarar al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, el día 30 de septiembre, y al que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz, que comparecerá en sede judicial el día 10 de septiembre.

La juez dice que lo solicitado por la Junta es "una medida que puede afectar al curso normal del procedimiento, por implicar un retraso significativo en la instrucción", por lo que "debe ponderarse, a la vista de una valoración siquiera somera de los dos argumentos esenciales del recurso, y determinar el posible éxito de los mismos", ya que "de la mayor o menor fundabilidad de dichos motivos dependerá que pueda seguirse un calendario normal de declaraciones".

Al hilo de ello, y sobre la falta de motivación alegada por la Junta, la magistrada explica que, en la actual fase de diligencias previas en la que se encuentra el caso ERE, "no está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta, pues de conformidad" con el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "es en la primera comparecencia de cada imputado, como así viene sucediendo a lo largo del procedimiento, cuando se expresa por el órgano instructor un relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisoria".

La juez subraya que el auto impugnado es "una llamada al procedimiento de una serie de personas a las que debe tomárseles declaración, y ésta, por obvia garantía jurídica, no puede ser en otra calidad que en la de imputado".

"El auto recurrido, que resulta poco equilibrado respecto de situaciones anteriores, no tiene más virtualidad que informarles con carácter general de los hechos sobre los que serán interrogados y sobre todo instruirles de sus derechos", reitera.

Asimismo, añade, "debe afirmarse, por más que la Junta y algunas defensas consideren que las sucesivas leyes de Presupuestos han obligado al uso de la transferencia de financiación al IFA para el pago de las subvenciones sociolaborales ordenadas por la Consejería de Empleo, que dicho argumento carece de veracidad", pues dichas leyes, desde el año 2002 y hasta el 2009, "han contemplado créditos para librar" por parte de Empleo "transferencias de financiación al IFA-IDEA".