PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTABLES
El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Madrid tras desmantelar el memorial de La Almudena
El Tribunal de Cuentas investiga si el Ayuntamiento de Madrid cometió irregularidades contables en el desmantelamiento del memorial a las víctimas del franquismo. Según el abogado que ha denunciado, esta acción ha supuesto un coste de más de 200.000 euros.
El Tribunal de Cuentas investigará si hay irregularidades contables en la destrucción del Memorial de la Almudena por parte del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho tras la denuncia de la Asociación Memorialista Ranz Orosas por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
"Era evidente que teníamos que trasladar el caso al Tribunal de Cuentas. Es un capricho del alcalde de Madrid que le ha costado más de 200.000 euros al contribuyente", ha explicado el abogado que ha presentado la demanda, Eduardo Ranz, que además ha apuntado que esto "puede derivar en responsabilidades penales sobre el alcalde y suponer su inhabilitación".
Y es que, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida retiró el pasado mes de noviembre las placas del memorial instalado por el equipo de Manuela Carmena. Además, esta semana conocimos que el Ejecutivo madrileño procedió a eliminar de este proyecto la colocación de unos versos de Miguel Hernández.
Retiraron del cementerio de La Almudena las placas a las víctimas del franquismo
Ante esto, el Tribunal de Cuentas señala que la irregularidad contable pudo cometerse porque la obra se encontraba al 80 por ciento de su ejecución y faltaban tres semanas para que se acabara.
Tras esta denuncia, el alcalde y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han defendido que el Gobierno municipal está siendo "sumamente escrupuloso" con lo indicado desde el Comisionado de la Memoria Histórica sobre el Memorial de la Almudena: "El monumento que se había planeado por el anterior equipo de Gobierno no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado y era contrario a sus recomendaciones".
Sin embargo, asociaciones de memoria histórica denuncian que esta decisión del equipo de José Luis Martínez-Almeida responde a un intento de humillar a las víctimas del franquismo. "El Ayuntamiento ha actuado con afán revanchista, esto no se ha consultado a nadie", ha destacado Tomás Montero, de la Asociación Memoria y Libertad.