En el Tribunal Supremo

Alvise niega el acoso a sus eurodiputados y enmarca sus mensajes contra ellos en la contienda política

El contexto Los dos europarlamentarios, Nora Junco y Diego Solier, abandonaron el partido de Alvise después de que insinuara que podrían haberse "vendido" al lobby armamentístico tras votar de forma diferente a él en la Eurocámara.

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, ha reconocido en el Tribunal Supremo (TS) que publicó mensajes sobre dos eurodiputados que fueron en su lista a las elecciones europeas y que acabaron querellándose contra él, pero ha negado que su intención fuera acosarlos.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas después de la declaración de Alvise ante el magistrado instructor, Manuel Marchena, que le citó tras mostrarse dispuesto a comparecer voluntariamente por la querella de Diego Solier y Nora Junco, antes de que el Parlamento Europeo pueda conceder la correspondiente autorización para levantar su inmunidad parlamentaria.

El líder de SALF, que ha respondido a su abogado, a la Fiscalía y al instructor, ha rechazado enfrentamiento personal con ellos, ha llegado a calificarlos de amigos y ha limitado sus discrepancias a la confrontación política, achacándolo a que los querellantes no habrían seguido sus directrices.

Sobre el otro presunto delito recogido en la querella, revelación de secretos, el eurodiputado ha indicado que algunos datos de Solier y Junco son públicos en redes sociales, según las mismas fuentes.

"Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó, creo que va a archivarse", se ha limitado a afirmar Alvise a preguntas de los periodistas al terminar su declaración.

El TS decidió admitir a trámite la querella contra el líder de SALF interpuesta el pasado junio por los dos eurodiputados, que el pasado lunes se ratificaron ante el instructor en lo denunciado.

Además de esta, Alvise tiene abiertas otras tres causas contra él en el Supremo: por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Los querellantes se pasaron al grupo de Meloni

Los eurodiputados querellantes terminaron por dejar el partido de Alvise y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos que encabeza el partido Hermanos de Italia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Solier y Junco, que secundaron al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de su Fundación Atenea, denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos -en un 'podcast' y en un canal de Telegram-, sino que, incluso, habían llegado a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Ambos denunciaron y acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".

El Supremo detalla que cerraron algunas de sus redes sociales, en otras limitaron a terceros la posibilidad de comentarios, dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas.

Los eurodiputados expusieron que todo ello impedía "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", al margen "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

Llamadas a una actitud hostil contra ellos

La Sala de lo Penal del Supremo entendió que la conducta de Alvise podría enmarcarse en presuntos delitos de acoso y revelación de secretos, "habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo -ya personalmente en el mencionado 'podcast', ya a través del canal de la aplicación Telegram que lleva su nombre y que, indiciariamente, él mismo gestiona o dirige- a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil" hacia los eurodiputados.

Para el Supremo, "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito", Alvise "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".

Y todo ello, subrayó, "sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

El TS apreció "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".

"Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo Alvise el pasado 20 de abril en un 'podcast'.

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