Alvise se queda sin inmunidad en la Eurocámara y el Supremo le podrá juzgar por la posible financiación ilegal de SALF

Nueva acción desde Europa contra el ultra Alvise Pérez y líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF). Y es que, este martes, el Parlamento Europeo le ha retirado la inmunidad parlamentaria ante las acusaciones que señalan a una presunta financiación irregular de su partido.

Sin dicha inmunidad, el Tribunal Supremo español puede continuar con la investigación de la presunta inyección de 100.000 euros para financiar la campaña de SALF en las últimas elecciones europeas. Concretamente, la investigación judicial se centra en esclarecer si Alvise cometió un supuesto delito electoral y otro de financiación irregular.

La decisión de la Eurocámara llega tres semanas después del levantamiento de su inmunidad como eurodiputado, en este caso, por otra de las causas que tiene abiertas en el Supremo. Como, por ejemplo, por acosar supuestamente a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Se queda solo en Europa

Así, es la segunda vez que el pleno del Parlamento Europeo vota a favor de un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español. Anteriormente, ya votó a favor de un suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, por lo que Alvise también podrá ser investigado por un presunto delito de acoso contra Susana Gisbert.

En este caso, el hemiciclo al completo avaló en un voto a mano alzada el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, quien valoró que los hechos por los que se investiga a Pérez tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación busque perjudicar su actividad política.

Y hay un tercer suplicatorio del Tribunal Supremo en el que ya ha pedido al Parlamento Europeo que vuelva a retirar la inmunidad a Pérez para continuar la investigación contra él por presunto acoso a dos antiguos compañeros que abandonaron su formación. Diego Solier y Nora Junco ahora militan como independientes dentro de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la familia política de la italiana Giorgia Meloni.

Denuncia de 'CriptoSpain'

Los hechos que quiere investigar el Supremo, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, más conocido como CriptoSpain, se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad. A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha comprobado la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

Pese a ello, Alvise ha asegurado que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid y niega que utilizara el dinero para la financiación de su partido, porque la campaña le habría costado poco más de 30.000 euros.

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