Ana Botella propone limitar la autorización de manifestaciones en el centro de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.

"El derecho de manifestación se puede y se debe regular", ha apostillado la alcaldesa, que ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "urge tomar medidas" ya que la "libertad sin límites para unos cuantos no puede cercenar los derechos y libertades de todos los ciudadanos". Para ello ha hecho un "llamamiento al consenso de todas las fuerzas políticas y al diálogo entre administraciones para solucionar este grave problema".

La primera edil ha defendido que "no se puede entorpecer la movilidad de Madrid de manera frecuente con manifestaciones", lo que le ha llevado a proponer que "se pacte con las organizaciones que convocan las protestas los itinerarios alternativos" y que se hagan cumplir "fuera del corazón de la ciudad". "Hay que conciliar la protección del empleo, la movilidad y el turismo con el respeto al derecho a manifestarse", ha declarado.

"La capital de España no puede tolerar, como vengo denunciando desde que presido este Ayuntamiento, que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan", ha expuesto.

Botella ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde "se regulan escrupulosamente las medidas que refuerzan el mantenimiento del orden público, rechazando aquellas que supongan una amenaza grave para la seguridad y preservando el centro de su capital". De hecho, en París "las manifestaciones quedan limitadas a las grandes avenidas que evitan el centro de la ciudad, además de prohibirlas en la proximidad de los edificios de la Asamblea Nacional".

A eso se suma que los actos vandálicos que tienen lugar al calor de las manifestaciones son castigados por las leyes francesas "con cuantiosas multas y penas de prisión de hasta cinco años si el bien deteriorado es de utilidad pública o mobiliario urbano".

La primera edil ha remarcado que la "protesta permanente en las calles de Madrid está causando perjuicios muy graves a vecinos y comerciantes" y que, en unos momentos difíciles para todos, el espacio público "debe protegerse para la convivencia, para la libertad y para la actividad económica, que crean riqueza y empleo".

"No pongo en duda el derecho constitucional a manifestarse, pero no podemos retrasar más una decisión de este calibre. Es necesario pactar con los organizadores de estas protestas itinerarios alternativos y hacerlos cumplir fuera del corazón de la ciudad. Hay que conciliar la protección del empleo, la movilidad y el turismo con el respeto al derecho a manifestarse", ha reiterado después de matizar que hay "manifestaciones compatibles con la movilidad y otras que no".