Contrato adjudicado a dedo
Anticorrupción citará a declarar al hermano de Ayuso y a su amigo por el contrato de mascarillas para Madrid
Anticorrupción investiga la contratación a través de la empresa de Daniel Alcázar y la documentación bancaria y fiscal referida al contrato de 1,5 millones. Citará, según avanza la Cadena Ser, al hermano de Ayuso y al empresario.
La Fiscalía Anticorrupción sigue adelante con su investigación penal por la contratación de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive para proporcionar 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. El Ministerio Público citará, según avanza Miguel Ángel Campos en la Cadena Ser, al hermano de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso y al empresario amigo de la familia.
Ambos están obligados a comparecer con idénticos derechos y obligaciones que un imputado judicial, y sus declaraciones serían válidas en un hipotético proceso ante un juez. Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid a laSexta han negado tener ninguna información sobre esta citación al hermano de Ayuso.
El contrato se llevó a cabo en abril de 2020, en pleno confinamiento y uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus, para comprar mascarillas a China. Según informó la propia presidenta madrileña en un comunicado, su hermano obtuvo una comisión de 55.850 euros (más IVA).
Según avanzaba la Sexta hace unas semanas, el Ministerio Público investiga la contratación a través de la empresa de Daniel Alcázar y la documentación bancaria y fiscal referida a este contrato. El instructor de estas diligencias es el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La Fiscalía abría diligencias de investigación penal a través de un decreto en el que señalaba que todavía no se puede tipificar estos hechos como delitos concretos, pero sí recogía las denuncias que hablan de "tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas".
Una adjudicación sin código de verificación y firmada a mano
El documento que certifica ese contrato muestra algunos elementos inusuales, entre los que destaca la firma a mano del mismo y la falta del código seguro de verificación que sí acompaña a otros documentos del mismo expediente.
La Consejería de Sanidad ha respondido a esta información apuntando que la ausencia de ese código "puede deberse a un error informático", si bien ha admitido que desconoce "el detalle del motivo". Lo cierto es que ese código de barras es el que permite comprobar la veracidad del documento, así como asegurar que no puede ser manipulado de forma alaguna. Un código que aparece de forma común en los documentos oficiales para, también, su revisión pública.
Sin embargo, en ese documento de dos páginas en el que se constata la adjudicación urgente de 1.512.000 euros para la adquisición y compra de dichas mascarillas no aparece por ningún lado el código de barras que, efectivamente, permite verificar que el documento no ha sido manipulado. Pero no es la única anomalía que presentan estas páginas, tal y como ha constatado 'eldiario.es' en su investigación sobre cómo se produjo la adjudicación y con qué mecanismos.
En esta ocasión, la concesión del contrato está firmada a mano por la que entonces era viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad: Ana Dávila-Ponce de León.