Anticorrupción ha interrogado al hermano de Ayuso por el contrato de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría sido interrogado por la Fiscalía Anticorrupción por el polémico contrato de compra de mascarillas para el Gobierno regional por el que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión. Según han confirmado fuentes del Gobierno madrileño a laSexta, la declaración ante el Ministerio Público habría tenido lugar el día 6 de abril, el mismo día que declaró el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En el contexto de esta adjudicación, el hermano de la presidenta madrileña cobró al menos 55.850€ por las gestiones para conseguir mascarillas 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 en China para Madrid, a través de la empresa Privet Soportive, especializada en la venta de ropa.

Además, avanza El Mundo' que tanto Anticorrupción como la Fiscalía Europea han interrogado al socio del hermano de Ayuso, Daniel Alcázar -administrador único de la empresa textil-, también por el mismo caso. Ambos habrían defendido su intermediación en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Isabel Díaz Ayuso ha mantenido en todo momento que la participación de su hermano en esta adquisición fue completamente "legal", afirmó que su hermano le contó que "había mantenido relaciones comerciales con esa empresa", y admitió que su hermano cobró 55.850 euros por las gestiones.

"La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA", detalló Ayuso.

Estas declaraciones llegaron después de que el ya exlíder del Partido Popular, Pablo Casado, pidiese explicaciones por estos "contratos irregulares". Esto desencadenó una crisis interna en el PP que derivó en la dimisión de Pablo Casado. Ayuso acusó a la cúpula de su partido de maniobrar para desprestigiarla "personal y políticamente" y vincularla con la corrupción desde "el anonimato", "sin pruebas" e involucrando a su familia, por la presunta comisión que su hermano obtuvo de un contrato de la Comunidad de Madrid. "Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de forma tan cruel y tan injusta contra mí", declaró la presidenta regional.