Crisis migratoria
La UE aprueba el nuevo Reglamento de Retornos y España se desmarca con su voto en contra
Los detalles Esta normativa ha recibido la luz verde definitiva este jueves en el Consejo de ministros de Interior de la UE de todos los demás países, salvo Bélgica, que se ha abstenido.
Resumen IA supervisado
España ha votado en contra del Reglamento de Retornos de la UE, expresando su preocupación por los centros de deportación en terceros países, que podrían causar inseguridad jurídica y desprotección para los migrantes. España critica la falta de un reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de expulsión y considera que la normativa supone un riesgo inaceptable, pudiendo violar el principio de no devolución. Además, señala que la normativa podría afectar las relaciones exteriores y no avanza hacia un sistema común europeo. España también cuestiona la legalidad de medidas como el internamiento prolongado de migrantes y lamenta la falta de mecanismos para gestionar entradas masivas en las fronteras. La normativa fue aprobada por la UE, excepto por la abstención de Bélgica.
* Resumen supervisado por periodistas.
España ha votado este jueves en contra del Reglamento de Retornos por oponerse a los centros de deportación en terceros países a los que enviar a los migrantes que deban ser expulsados, y porque no prevé un reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de expulsión.
En una declaración presentada durante esta jornada, España explica los motivos exactos de su rechazo de esa normativa, que ha recibido la luz verde definitiva en el Consejo de ministros de Interior de la UE de todos los demás países, salvo Bélgica, que se ha abstenido.
Por un lado, sobre los centros de retorno, España dice que mantiene su "enorme preocupación" porque pueden provocar "inseguridad jurídica" y desprotección para los migrantes y las familias, ya que considera que no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país.
Para España, con esta normativa los Estados miembros asumen "una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable", en particular por eventuales litigios debido a una posible vulneración del principio de no devolución recogido en la legislación internacional.
Añade que la conclusión de acuerdos de esta naturaleza puede además afectar a la credibilidad de las relaciones exteriores con terceros países y a las relaciones bilaterales de los Estados miembros. Por otra parte, España opina que con el reglamento se ha perdido la oportunidad de lograr un sistema europeo común basado en el reconocimiento automático de las decisiones de expulsión y que, en lugar de avanzar hacia ese objetivo, se dan pasos atrás.
El motivo es que los esfuerzos no se centran en devolver a quienes no tienen derecho a permanecer en la UE, lamenta España, sino que se crean nuevos mecanismos de transferencia de las personas entre Estados miembros y se "perjudica" la armonización del sistema.
En tercer lugar, la legislación plantea para España "cuestiones sobre la legalidad y proporcionalidad de determinadas medidas", como por ejemplo el internamiento de los migrantes, que deja de ser una medida de último recurso y se amplía hasta los 24 meses el período de privación de libertad, con prórrogas potencialmente indefinidas.
Se prevé además, lamenta, la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal. Por último, argumenta España, los acontecimientos recientes en Ceuta han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos para garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores, algo que no recoge el reglamento.
La Unión Europea aprobó este jueves el Reglamento de Retornos, que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria. La normativa recibió el aval definitivo de la UE en un Consejo de ministros europeos de Interior.