El Gobierno se muestra dispuesto a aceptar el coste de los indultos, pero exige a Aragonès que asuma el suyo

El Gobierno está dispuesto a asumir el coste político de los indultos a los presos del procés, pero exige al president Pere Aragonès que asuma el suyo. El president de la Generalitat, por su parte, exige poner en marcha la mesa de diálogo con el Gobierno central en las próximas semanas y valora positivamente la posibilidad de indulto: "En todo caso, antes de las vacaciones de verano tiene que ponerse en marcha la mesa de negociación con el Estado", ha aseverado

La misma postura mantiene Junts per Catalunya. Aseguran que "no fallarán" si Pedro Sánchez está dispuesto a resolver el conflicto político. Sin embargo, insisten en el referéndum de autodeterminación y la amnistía como requisitos innegociables.

El Gobierno de España, por su parte, considera que los indultos podrían permitir avanzar en el diálogo, pero descarta la amnistía. Según el ministro de Política Territorial, Miqel Iceta, "la gravedad de los hechos de 2017 permanecerá para siempre". Así, dice, los indultos "nos permiten avanzar, pero no son borrón y cuenta nueva".

Desde el Ejecutivo reconocen ser conscientes de que la decisión de indultar podría tener costes políticos, pero, afirman, los asumen con el objetivo y la responsabilidad de normalizar la situación en Cataluña. "Las ventajas y los beneficios para la comunidad están por encima, y nosotros lo que queremos es prestar ese servicio a España", ha insistido el ministro José Luis Ábalos.

La oposición del Supremo a los indultos en un informe no vinculante tampoco supone un problema para Podemos, que sostiene que ahora es tiempo para la política. El portavoz de la formación morada, Jaume Asens, así lo ha explicado: "Cuando los jueces dictan sentencia su tiempo ha acabado, es el tiempo del Gobierno, porque puede corregir los efectos de la sentencia".