Argentina ordena la detención de 20 imputados por crímenes del franquismo

La magistrada argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados, según indica el Centro de Información Judicial (CIJ). A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente altos cargos de responsabilidad en el régimen franquista, se le piden responsabilidades por la muerte en la ciudad vasca de Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial.

A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, quien encabezó la cartera de la Vivienda en 1973 y fue ministro secretario general del Movimiento, por su responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el último ajusticiado a garrote vil en España (1974). La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77). Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada, Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

La jueza federal argentina lleva adelante la causa abierta en Buenos Aires por crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo, en virtud del principio de Justicia universal, a la que se han sumado víctimas tanto en España como en Argentina. La querellante Adriana Fernández dijo estar "orgullosa, como nieta de republicanos y como argentina, de que acá pueda haber justicia para las víctimas de España, porque lamentablemente allá no hay justicia para estos casos". "Muchas víctimas de la última parte del franquismo están viendo su sueño de justicia realizado hoy", agregó Fernández.

El abogado de la querella Máximo Castex mostró también su satisfacción por una orden judicial que, a su juicio, "da una respuesta positiva al pedido de las víctimas". Castex se mostró confiado en que los imputados deban comparecer ante la Justicia española por las peticiones de extradición, tal y como ocurrió previamente con el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas.

Ambas órdenes de extradición fueron denegadas por la Audiencia Nacional española por considerar que los crímenes de los que se acusaba a González Pacheco y Muñecas Aguilar habían prescrito y no eran constitutivos de genocidio. La querella que originó esa investigación, presentada en abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad", abarca desde el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar con que comienza la Guerra Civil española, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura.