Ingreso Mínimo Vital... pero tarde
Así han sido los primeros seis meses del Ingreso Mínimo Vital: "No es por Navidad, es porque tenemos el capricho de comer"
Al cumplirse medio año desde que el Gobierno lanzó una de sus medidas estrellas para la legislatura, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), laSexta hace un balance de cómo se ha aplicado en nuestro país. El Ministerio califica de un "éxito su puesta en marcha en sí misma", pero familias como las de Cristina, Sonia o Aroa no tienen para comer o pagar el alquiler.
A las afueras de cualquier oficina de la Seguridad Social, el paisaje ha variado desde este año. No sólo por el Covid, por las citas previas que se han instalado como pilar base de la nueva normalidad, sino porque desde hace seis meses, cuando apenas se vislumbraba el fin del confinamiento al terminar el mes de mayo, diferentes ciudadanos comenzaban a acudir a solicitar una nueva, novísima prestación.
Era una ayuda desconocida, pero anunciada a bombo y platillo: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los compases del verano comenzaban a sonar y aquella prestación no contributiva de la Seguridad Social que iba a garantizar “ingresos mínimos a quienes carecen de ellos” iluminaba el inicio de lo que llamaba la nueva normalidad.
Seis meses más tarde: poco... o nada. Los bloqueos, la dificultad del proceso y la altísima demanda, cimentada en una crisis social y económica derivada de los efectos del coronavirus, hicieron efecto. La ayuda existe, sí, pero tan sólo unos cuantos la reciben.
Para los demás, el limbo. Ya ni siquiera se le espera, ni como regalo de Navidad soñado.
Se crearon "expectativas excesivas"
Fue el 29 de mayo cuando, con todos los oropeles, Moncloa anunció la aprobación del Real decreto-ley que regulaba el IMV. “En ese momento pensaba que, por fin, en Navidad no iba a haber prácticamente ningún hogar sin ingresos”, cuenta en conversación con laSexta Joaquín García Martín, el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Pero la realidad es bien distinta.
Este medio año de vida que lleva la prestación ha servido para que, en palabras del propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista con laSexta, "se crearan expectativas excesivas", ya que "en unos meses es imposible llegar a todos".
La previsión, para estas Navidades, era haber alcanzado casi el millón de hogares. Concretamente, 850.000. La realidad deja una cifra muy diferente. Desgraciadamente, tan sólo 160.000 familias tendrán esa ayuda durante estas fechas, lo que cubre, en cifras del propio ministerio, a menos de medio millón de personas. Son, todas ellas, personas en una situación límite, de pobreza severa.
Qué es el IMV y quién lo recibe
El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para todas las personas adultas, con un año de residencia legal en España, que esté inscrita como demandante de empleo y que haya solicitado previamente las prestaciones a las que pudiera tener derecho.
La prestación depende exclusivamente del nivel de ingresos y patrimonio del solicitante, que es incompatible con el subsidio por desempleo. Esto es: si vives solo e ingresas menos de 200 euros al mes, se cobraría 462€, si no tiene cargas familiares. De ahí, teniendo en cuenta la unidad familiar y los menores a cargo, la cuantía sube.
Lo cierto es que el IMV vino a mejorar otro tipo de subsidio que ya ofrecían las comunidades autónomas, por lo que cada una de ellas ha aplicado la medida a su manera, puesto que son ellas las que ostentan las competencias de asistencia social. En la mayoría de los casos, ambas ayudas a la renta mínima no son compatibles, por lo que los fondos públicos dedicados no se han duplicado: tan sólo se han dividido.
“El IMV fue una esperanza. Hoy causa decepción e indignación. Complicado, lento, excluyente”, alegan desde la plataforma RMI Tu derecho (Renta Mínima de Inserción). Ese es el nombre de la ayuda autonómica que ofrece la Comunidad de Madrid, que convive con el IMV.
Para el ministerio, es "un éxito en sí mismo"
Ese era el único sustento del hogar de Cristina Martín, de Torrejón de Ardoz (Madrid). Martín, de 43 años, solicitó el RMI hace un año y se le aprobó. Fue su sustento, para ella y sus hijos [la menor, de 7 años, y el mayor, de 23 años, que ya trabaja para poder aportar a la economía familiar], cuando se vieron en una situación límite: tras haber sufrido malos tratos y haber perdido su trabajo. Incluso antes de que el COVID-19 apareciera en escena. Pero, nada más ponerse en marcha el IMV, le comunicaron que tenía que solicitarlo en quince días o perdería el derecho a percibir alguno de los dos.
Así lo hizo. Concretamente, el 24 de junio. Desde ese momento, nada. “No tengo ningún tipo de contestación”. “Tampoco tengo ningún tipo de ingreso en casa. Tengo la ayuda de mis padres, que son jubilados. Pero mi hermano está en una situación similar”, suspira, con la voz algo rota, al otro lado del teléfono.
Sin embargo, para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “la puesta en marcha del Ingreso Mínimo es un éxito en sí misma, ya que era una medida que era solicitada por las autoridades europeas desde 2014 en todas las Country Specific Recommendations realizadas y, además, esta puesta en marcha se produjo sin votos en contra en el Parlamento, algo bastante inusual hoy en día”.
“Sabemos que desplegar una prestación de estas características tiene sus dificultades y más en un contexto de pandemia pero, aún así, en seis meses el IMV llega a 160.000 hogares en los que viven casi medio millón de personas, lo que muestran un despliegue más rápido que el que ha tenido cualquier prestación similar de este tipo en España...”, deslizan fuentes oficiales del ministerio a las preguntas de esta cadena.
Cinco meses "pendiente de tramitación"
Pero las explicaciones oficiales se le quedan cortas a los solicitantes, como Sonia Rosa. Ella, de 45 años y residente en el barrio de Moratalaz, en Madrid, cobra 395€ mensuales por una pensión de minusvalía derivada de un cáncer que sufrió. En el mismo día que laSexta charla con ella, Sonia ha acudido a una oficina de la Seguridad Social a ver qué pasaba.
Solicitó la prestación el 10 de agosto de manera telemática, gracias a la ayuda de una asociación de su distrito. “Ni siquiera sabía cómo se hacía: es muy complicado y enrevesado”, suspira Sonia. Y no sólo no ha obtenido respuesta, sino que su expediente continúa “pendiente de tramitación”.
“No es por Navidad, eso, cuando lo estás pasando mal día tras día, es una tontería. No hacen falta langostinos, corderos… Pero los niños tienen necesidades: higiene, ropa… Lo estamos pasando mal. ¿Qué hacemos? ¿No comemos? ¿No vestimos a nuestros hijos? ¿Dejo de pagar el alquiler, para que nos quedemos en la calle?”, se lamenta. “Le diría al ministro que hiciera cuentas. Que intentara pasar un único mes con lo que nosotros lo pasamos”, apuntilla.
Porque, en su caso, la alimentación de sus dos hijas -una de 12 y otra de 15- corre a cargo de una conocida que les regala algo de comida preparada para ella varios días a la semana.
Ya se hizo una evaluación y hubo mejoras
El Ministerio no es ajeno a la lentitud que está arrastrando su prestación, pero pide paciencia. “Los inicios de una prestación suelen ser complicados, requieren un proceso de aprendizaje y también se tienen que dictar criterios para que la normativa pueda aplicarse (pasar del BOE a los casos concretos no es automático, hay mucha casuística a la que responder)”, comenta un portavoz a esta cadena.
Señalan como un hito importante la la evaluación que se llevó a cabo en el mes de septiembre sobre el IMV. “Detectamos algunas mejoras que han permitido que el ritmo de resolución y, por tanto, el número de prestaciones aprobadas haya cogido una gran velocidad”, manifiestan.
Por ejemplo, se detectó “pronto” que era “complicado” para los solicitantes lograr el padrón. Así, se hizo un cambio normativo para que el Ministerio lo pudiera consultar directamente en el INE y evitar a los solicitantes este paso. “Es un ejemplo pero las mejoras que se aprobaron en septiembre permitieron facilitar los trámites a los ciudadanos y agilizar la tramitación y eso lógicamente se nota en que el número de prestaciones aprobadas crece más rápido”, indican.
El ministro se comprometió a que todas las solicitudes “tendrían respuesta” en los primeros seis meses, para que tuviera en cuenta los efectos retroactivos. Sin embargo, y debido al cuello de botella que se ha creado en la Administración, ahora, que se cumple el plazo -que se extendió a junio de 2021 hace unas semanas- quedan unas 270.000 expedientes pendientes, pero buena parte de ellos corresponden a las últimas semanas (siguen llegando unos 10.000 expedientes nuevos a la semana).
“Se dará respuesta a todos. Además, dado que la tramitación es cada vez más ágil esperamos recortar los plazos de las solicitudes”, aseguran fuentes ministeriales a laSexta.
"Lo que están haciendo es humillarnos"
Aroa Aldea, de Torrejón de Ardoz, 35 años, madre de 3 niños y embarazada de 6 meses, perdió su trabajo con la pandemia. Su marido, igual. “Nos contagiamos de COVID y nuestras empresas nos echaron”, explica. “Por la tele nos enteramos que existía esta prestación. Nunca había pedido ayuda porque nunca la había necesitado”.
La solicitó, de manera presencial, el 6 de octubre. “A día de hoy, llamo al número de teléfono y no se han volcado mis datos. Hace diez días me personé en la oficina donde hice la solicitud y resulta que han perdido mi solicitud. La solución que me dieron es que vuelva a pedir hora para volver a pedirla”, relata. De momento, están sobreviviendo con sus ayudas al desempleo, por el esfuerzo de su familia y la caridad de su iglesia, que les provee de alimentos.
“Han sacado una ayuda para indigentes, no para una familia normal y corriente”, se indigna Aroa. “Yo no digo que uno de los requisitos sea que ganes al año 20.000 euros, pero lo mínimo es los 430 euros del subsidio. Es que ni siquiera una persona que tenga piso de hace 40 años, con tener que pagar el IBI y los gastos de la casa… con la ayuda no vive la persona”.
Por eso, se pregunta “¿qué clase de requisitos están pidiendo? Para mí, son requisitos ficticios para que no se la den a nadie. Me parece vergonzoso la forma de actuar que están teniendo. Es indignante y humillante. Porque nos están humillando de una forma que no se hace ni idea. Yo pago 750 de alquiler y cobramos 860 entre los dos”, detalla, con la voz enrabietada.
“Al señor Escrivá le diría que si quiere pague un mes de gastos de mi casa. Alquiler, agua, luz, gas e internet. Son los gastos básicos. ¿Usted cree que yo con 860 tengo para pagarlo? Ya me dice cómo lo hace. Si mis hijos van a abrir un regalo esta Navidad es por las asociaciones”.
A pesar de ello, el Ministerio se arranca un compromiso. Contestar, aunque tarde, contestarán. “Por supuesto, es nuestra obligación”. Aunque lleguen con meses de retraso… en algunos casos, vitales.