El ático de la discordia de Ayuso no podría usarse como residencia oficial: los motivos por los que la normativa de urbanismo lo impide

Isabel Díaz Ayuso lleva más de una semana envuelta en la polémica por el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró por más de seis millones de euros en Chamberí. Durante los últimos nueve días, el Gobierno de Ayuso ha dado varias explicaciones, como la necesidad de mover la oficina de la presidenta por las obras en la sede del Ejecutivo regional en la Puerta del Sol o el hecho de que Planifica Madrid, la empresa que hizo la transacción, efectúa compraventas "todo el año".

No obstante, estas excusas han sido probadas como falsas, pues la empresa pública tan solo ha adquirido dos inmuebles en los últimos seis años y las obras de Sol aún no están licitadas ni tienen fecha de inicio.

Ante esas explicaciones fallidas, Ayuso aseguró este miércoles que la cuestión del ático era completamente ajena a ella. "No es mi competencia saberlo", llegó a afirmar, asegurando que Planifica Madrid depende directamente del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. Un día más tarde, García añadió una nueva explicación a la polémica, afirmando que "Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros".

Pese a ser cierto, esta versión choca frontalmente con las explicaciones dadas previamente por el propio Martín, que aseguró que el ático de lujo sería una oficina temporal y en ningún momento habló de emplearlo a modo de residencia para Ayuso.

La cuestión de que Madrid adoptase el modelo de la residencia oficial fue puesto sobre la mesa por la propia Ayuso en 2024, al estallar la polémica por el piso que su novio, Alberto González Amador, compró en Chamberí mientras salió a la luz su imputación por un delito de fraude fiscal. "A lo mejor lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para su presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso", dijo entonces Ayuso.

Sin embargo, la legislación urbanística tampoco permite que este ático de la calle General Martínez Campos sea utilizado como residencia oficial. "Una residencia oficial es una figura que existe. Es un servicio que presta la administración pública a su máximo representante. Sería titularidad de la Comunidad de Madrid. Tiene unas características propias, como todo lo relacionado con la seguridad. En todo caso, podría ser una residencia no oficial, su vivienda privada", explica Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, a 'El País'.

El edil añade que "sería complicado por parte del Ayuntamiento un cambio de uso", ya que "habría que modificar la normativa del edificio completo y poner de acuerdo a todos los vecinos". Además, explica que "una residencia oficial de una presidenta, un ministro o un diplomático no es una vivienda normal. Se trata de una residencia oficial de una administración pública para ofrecer ese servicio a su máximo representante. Y esto constituye un uso dotacional de la Administración pública, no un uso residencial".

También ve inviable la opción de convertir este piso en una residencia oficial Enrique Manzano, portavoz de Renovación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). "Un uso de estas características sería asimilable al uso dotacional de administración pública y eso solo se permite hasta la primera planta, al igual que las oficinas", expone, también en declaraciones a 'El País'.

Ante esta tesitura, el ático de lujo que Planifica Madrid compró por más de seis millones de euros no podría convertirse en oficina ni en residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso.

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