Guerra en Gaza

La Audiencia Nacional admite dos querellas contra mandos militares israelíes por la detención ilegal de tripulantes de la Flotilla

El contexto Ambas denuncias se refieren al abordaje que se produjo el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Imagen de varias embarcaciones de la Flotilla en los momentos previos a ser interceptados. La Sexta

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite dos querellas para investigar a dos mandos militares israelíes por un delito de detención ilegal durante el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En un auto, el magistrado, contra el criterio de la Fiscalía, admite las querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares que viajaban en el barco cuando ocurrió el suceso contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y al comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg. Los hechos eran calificados inicialmente por los querellantes como delitos de piratería, detención ilegal, torturas y malos tratos, así como delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

La resolución del magistrado señala que las fuerzas israelíes abordaron varios buques en alta mar, a unas 70 millas náuticas de la costa, tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes. Entre las embarcaciones afectadas había varias de pabellón español, circunstancia que, según el juez, permite atribuir la competencia a la jurisdicción española para investigar los hechos ocurridos a bordo de esos barcos.

Jurisdicción de España

En este sentido, la investigación se limita a la detención ilegal a bordo de los barcos de pabellón español, es decir, estará limitada a los presuntos delitos de detención ilegal cometidos contra ese barco. De Jorge entiende que, de acuerdo con el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques españoles en alta mar están sometidos a la jurisdicción de España, salvo excepciones que, según el auto, no concurren en este caso.

En el mismo sentido, apunta que la detención ilegal se produjo a bordo de las embarcaciones españolas, pero desde el momento en que los tripulantes fueron trasladados a territorio de Israel comenzó una secuencia de hechos que quedaron ya desconectados de los delitos cometidos a bordo, por cuanto que transcurrieron en territorio israelí.

Por consiguiente, la causa no puede extenderse a los hechos ocurridos en territorio israelí o a bordo de buques de guerra o de aquel estado ni tampoco a los querellados relacionados con los centros de detención en suelo israelí, como pedían los denunciantes.

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