Procés independentista
Aplazada la decisión de la Audiencia Nacional sobre el juicio a los CDR acusados de terrorismo
Las defensas de los acusados en el caso de los CDR se apoyan en la futura ley de amnistía -entre otros argumentos- para que la Audiencia Nacional suspenda su juicio hasta que se concluya la tramitación parlamentaria, al considerar, "sin duda", que pueden ser beneficiados.
La Audiencia Nacional ha aplazado la vista para estudiar los argumentos de los abogados de doce acusados de los Comités de Defensa de la República (CDR) para anular su juicio por terrorismo. Entre sus argumentos destaca la futura ley de amnistía, en tramitación parlamentaria. La decisión se ha aplazado debido a que el abogado de Alexis Codina, uno de los acusados, se encuentra de baja y no ha podido defender sus alegaciones.
El tribunal estudiará en una nueva fecha los artículos de previo pronunciamiento (similar a cuestiones previas) planteados por las defensas de los acusados de integrar una facción radicalizada de los CDR que planeó, supuestamente, sabotajes o acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta a la sentencia del 'procés'.
Esta es una de las causas relacionadas con el 'procés' que la Audiencia Nacional tiene abiertas por delitos de terrorismo, junto con la relativa a los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en octubre de 2019.
El acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC busca que ambos procedimientos entren en la futura ley de amnistía. Precisamente en esta norma se apoyan las defensas de los acusados en el caso de los CDR para que la Audiencia Nacional suspenda su juicio -todavía sin fecha- hasta que se concluya la tramitación parlamentaria, al considerar, "sin duda", que pueden ser beneficiados por el perdón.
Pero no es el único argumento que esgrimen; también denuncian falta de competencia de la Audiencia Nacional desde el primer momento para asumir la causa y acusan al juez instructor, Manuel García-Castellón, de "arbitrariedad". Tesis que no comparte la Fiscalía, que se ha opuesto a los artículos de previo pronunciamiento planteados por las defensas, según fuentes consultadas por EFE.
A diferencia del caso Tsunami, el Ministerio Fiscal sí ha visto terrorismo desde el primer momento en la causa de los CDR y solicita entre 8 y 27 años de cárcel para los acusados, quienes considera que incurrieron en delitos como pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.