Trama Gürtel
La Audiencia Nacional pide a Suiza que desbloquee 58 millones de euros de condenados de la Gürtel, como Bárcenas o Correa
Los magistrados han remitido a las autoridades de la Confederación Suiza los consentimientos otorgados por los cuatro condenados para el desbloqueo de sus cuentas y que se utilice para el pago de sus responsabilidades económicas.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha solicitado a las autoridades de Suiza el desbloqueo de las cuentas que Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo e Iván Yáñez poseen en el país para hacer frente a las responsabilidades económicas a las que fueron condenados en el juicio de la época I del caso Gürtel y que ascendían a más de 58 millones de euros.
En un auto, los magistrados remiten a las autoridades de la Confederación Suiza los consentimientos otorgados por los cuatro condenados para el desbloqueo de sus cuentas en aquel país, a fin de que sean transferidos a la cuenta judicial del Tribunal español “para su aplicación a las responsabilidades pecuniarias a que han sido condenados en el presente procedimiento”.
En el escrito se especifica que sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Bárcenas ascienden a 36,2 millones de euros; para Correa suman un total de 11,3 millones; en el caso de Iván Yáñez 6 millones y en el de Crespo 5,1.
La Sala indica que en el caso de quedar alguna cantidad sobrante una vez satisfechas todas las responsabilidades pecuniarias a que han sido condenados, esta debe quedar a disposición de los demás procedimientos abiertos contra los citados penados que tengan su origen en las mismas diligencias en las que se ha acordado el bloqueo por las autoridades suizas.
De estos cuatro condenados la máxima pena recayó en Correa (51 años), mientras que el Supremo rebajó de los 33 a los 29 la de Bárcenas -que cumplirá un máximo de 12-. A Pablo Crespo le impuso 36 años y 8 meses; y a Iván Yáñez se la redujo de 3 a 1 año y 10 meses.
La sentencia dio por acreditado un sistema de corrupción creado por las empresas del Grupo Correa y "personas del Partido Popular" que hizo que éstas gozaran de un "arbitrario trato de favor" en las contrataciones.