Móviles infectados con Pegasus
La Audiencia Nacional valora si declara secreta la investigación sobre el espionaje al Gobierno
De tomarse esa decisión en firme, a partir de este momento no trascendería ningún tipo de información sobre los avances de la investigación relacionada con el espionaje a los móviles de varios miembros del Gobierno.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se declaren secretas las actuaciones relacionadas con la investigación sobre la infección de dispositivos de miembros del Gobierno de España. Una petición que ahora estudia el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
Aunque los expertos en ciberseguridad coinciden en señalar las dificultades para poder seguir el rastro que deja el programa Pegasus, la Justicia se ha puesto en marcha para intentar determinar la autoría de los espionajes que habrían sufrido en los últimos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales líderes del independentismo catalán.
La denuncia del Gobierno, interpuesta por la Abogacía del Estado, parte de un informe que realizó el pasado 30 de abril el Centro Criptológico Nacional. Este organismo, asociado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), determinó con exactitud dos intentos de intrusión en el teléfono de Pedro Sánchez los días 19 y 31 de mayo de 2021 y otro en el terminal de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tuvo lugar durante el mes de junio de ese mismo año. También habría sido espiada la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y se investiga si otros ministros, como el extitular de Justicia Juan Carlos Campo, fueron objeto de ataques informáticos.
Los nombres del presidente y los ministros se unen a los más de sesenta cargos independentistas catalanes y vascos cuyos teléfonos, según una investigación realizada por el observatorio 'The Citizen Lab', compuesto por un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, habrían sido infectados con el programa Pegasus como resultado de una serie de maniobras de espionaje que ERC y Junts per Catalunya han atribuido sin reparos al Gobierno de Pedro Sánchez y los servicios de inteligencia del CNI. Para desarrollar esa actividad dentro del marco de la legalidad, el departamento dirigido por Paz Esteban López habría tenido que recabar el permiso del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, miembro de la Sala Tercera del alto tribunal, en todos y cada uno de los pinchazos.
Sin embargo, el diario británico 'The Guardian' ha elevado el número de españoles espiados con el programa Pegasus a más de 200y ha apuntado que detrás de estas actividades se encontraría el Reino de Marruecos. Antes de que el escándalo estallara el único ciudadano español que había podido confirmar que había sido espiado con este software era el periodista Ignacio Cembrero, que considera que la cifra de víctimas de los ataques informáticos debe de ser mayor que la publicada. "200 personas me siguen pareciendo muy pocas porque en Francia fueron 1.000 los teléfonos infectados y España es un país tan importante como Francia para Marruecos", razona.