El Ayuntamiento de Marbella adjudicó al menos cinco contratos por valor de medio millón a la empresa del supuesto testaferro del hijastro de la alcaldesa

Novedades en el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Este viernes se ha podido saber que su Ayuntamiento adjudicó al menos cinco contratos por más de medio millón de euros a la empresa del supuesto testaferro de su hijastro. Sin embargo, esos contratos no se han hecho públicos porque, según han explicado desde el consistorio, no están digitalizados y "su búsqueda está siendo más compleja de lo esperado, máxime al no identificarse individualmente los mismos".

De momento, Muñoz se aferra en sus declaraciones a su inocencia y resta importancia al hecho de que esos documentos no estuvieran digitalizados. "Todo está absolutamente declarado ante Hacienda", ha declarado ante los medios de comunicación, incluido el que tenía antes de ser regidora. A preguntas de los periodistas sobre la petición del PSOE en el Senado para investigar la declaración de patrimonio que ha presentado en la Cámara Alta, la dirigente política ha insistido en que no hay ninguna irregularidad.

"Ni el Ayuntamiento, ni ningún cargo público ni yo como alcaldesa estamos en ningún procedimiento. Lo dijimos desde el principio y lo ha dicho la propia Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional", ha asegurado Muñoz, apuntando directamente contra los socialistas: "Cada cuatro años desgraciadamente tenemos este acoso por parte del PSOE, cada vez que hay elecciones". Precisamente, este mismo viernes el presidente del Senado, Ander Gil, ha trasladado a la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara la solicitud del PSOE para abrir una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa.

De este modo, será ahora la Comisión de Incompatibilidades, donde el PSOE tiene más representación en la Mesa, la que tiene que decidir si abre o no esta investigación parlamentaria. Según el procedimiento, en el caso de que finalmente se abra la investigación, la Comisión deberá oír a la senadora del PP y alcaldesa de Marbella, y concluirá con la emisión del informe declarando la existencia o no de infracción al Código de Conducta y proponiendo, en su caso, las medidas jurídicas que procedan.

Se trata de la primera ocasión en la que un grupo en el Senado recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. En este caso, los socialistas han invocado al artículo 9, que habla del procedimiento de infracciones y sanciones para dilucidar si se ha producido alguna infracción en casos de conflictos de intereses. Tal y como explica este artículo, el informe sobre la posible infracción será remitido a la Mesa correspondiente que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y resolverá, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, lo que proceda en relación con la sanción que en su caso se proponga.