La única CCAA que rechaza el acuerdo

Ayuso renuncia a 169 millones de euros del Gobierno para incorporar profesores a las universidades madrileñas

El reproche La ministra Morant recrimina a Ayuso que rechace el acuerdo suscrito con el resto de comunidades, "impidiendo que el Gobierno de España invierta más de 169 millones de euros en la Comunidad de Madrid".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en sendas imágenes de archivo.Europa Press

El Ministerio de Universidades ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para crear miles de plazas docentes en las universidades públicas. Con todas, menos una: la que preside Isabel Díaz Ayuso, que renuncia así a 169 millones de euros para incorporar profesores a las universidades de la Comunidad de Madrid.

Una decisión que ya le ha reprochado la titular de Universidades, Diana Morant, que este lunes le pidió que reconsiderase una postura "que perjudica seriamente" a las universidades de la región. En una carta avanzada por 'El País' y recogida también por Efe, la ministra mostraba su "sorpresa" por la renuncia del Ejecutivo autonómico a fondos que ayudarían a la incorporación de talento docente e investigador y pedía a Ayuso que no rechazara esos fondos del 'Programa María Goyri'.

"Rechazando este acuerdo, está impidiendo que el Gobierno de España invierta más de 169 millones de euros en la Comunidad de Madrid durante los próximos seis años", advertía.

"No es comprensible ni explicable una decisión como esta, ya que perjudica seriamente a las universidades públicas madrileñas al perder la posibilidad de incorporar más de 1.000 profesores y profesoras jóvenes y con una buena formación", recriminaba la ministra, que recordaba a Ayuso la "obligación competencial" y su "responsabilidad" de financiar adecuadamente el sistema universitario público.

Morant enviaba esta carta un día antes de que Ayuso se reúna con los rectores de las seis universidades públicas de Madrid para abordar, precisamente, la cuestión de la financiación. En este sentido, la ministra apoya el comunicado de los rectores en el que avisan de que están en una "situación crítica" que "en pocos años puede volverse catastrófica" y dejaba claro que las universidades sí están cumpliendo con sus obligaciones "a pesar de la infrafinanciación evidente que sufren por parte de su Gobierno regional".

La titular de Universidades incidía además en que existe una "responsabilidad ética como administración pública que debe estar al servicio de todos los ciudadanos" y pedía Ayuso que "rectifique" y firme el convenio para recibir esos fondos, porque es "cuando más lo necesitan las universidades para afrontar el desafío de combatir la precariedad y la excesiva temporalidad de las plantillas, que en el caso de la Comunidad de Madrid alcanza el 47,63%, así como para posibilitar su rejuvenecimiento y modernización".

"Las universidades madrileñas ante esta situación trabajan desde el sobreesfuerzo de sus equipos directivos y, sobre todo, de su profesorado y de sus trabajadores y trabajadoras, intentando mantener el compromiso de estas instituciones con el desarrollo de una docencia de calidad y de una investigación de excelencia", recalca la carta, que avisa de que las universidades públicas madrileñas "no pueden estar permanentemente al límite".

Acuerdo con todas las demás regiones

Universidades había anunciado precisamente el lunes el acuerdo con las otras 16 comunidades autónomas para poner en marcha el programa y crear miles de plazas docentes en las universidades, de las que el Gobierno central financiará la mayor parte.

Según precisaba el departamento de Morant, casi todas las demás autonomías han firmado ya este convenio, excepto Castilla y León, que lo hará después del 4 de diciembre y por tanto no podrá acceder a la financiación prevista para este año, mientras que en el caso de Euskadi se gestionará a través de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Según el Ministerio, el 'Programa María Goyri' supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en todo el país, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. A estas plazas se suman otras 2.236 sufragadas por las comunidades. Según Morant, es la primera vez que un Gobierno "se hace cargo de manera directa del salario de los profesores e investigadores universitarios", financiando así "una competencia que esta transferida" a las autonomías.