Nueva estrategia
Bárcenas, dispuesto a tirar de la manta en el juicio de la caja B del PP y sobre la financiación ilegal durante el mandato de Aguirre
El extesorero del PP ha decidido cambiar su estrategia y su nueva defensa tiene la intención de colaborar con la justicia en la investigación por la financiación ilegal de los populares en Madrid.
Luis Bárcenas va a tirar de la manta. El extesorero nacional del PP ha cambiado de estrategia y va a colaborar con la Justicia de cara al juicio de la caja B del PP, que empieza en febrero, y en otras causas en las que no está imputado, como Púnica, en la que se investiga la financiación ilegal del PP.
Su intención, ahora que está condenado en firme y su mujer, Rosalía Iglesias, también está en prisión, es contar todo lo que sabe sobre la financiación ilegal del partido.
El cambio de estrategia se produce con la llegada de Gustavo Galán, abogado que defendió a Isabel Jordán en Gürtel y a Arturo González Panero y Guillermo Ortega en Púnica. Los dos últimos también colaboraron con la Fiscalía Anticorrupción contando detalles sobre la financiación del PP de Aguirre en el caso Púnica.
Bárcenas, que fue tesorero del PP entre 1990 y 2009 y que llegó a ser electo senador por el partido, fue condenado en mayo de 2018 a 29 años de cárcel por su implicación en la trama Gürtel.
Ahora, toda vez que su esposa está en prisión, Bárcenas podrá aportar nuevas informaciones acerca de la pieza que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre los 'papeles de Bárcenas', los registros llevados a mano por el entonces tesorero del PP acerca de las donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Los 19 años que se mantuvo esta Caja B (1990-2019) son los que fundamentan la acusación de un delito de cohecho y la investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El líder de la Gürtel, Francisco Correa, aseguró que las donaciones eran comisiones ilegales a cambio de contratos públicos y los datos de los 'papeles' podrían cruzarse.
La Policía, a raíz de la declaración de Correa, encontró indicios de adjudicaciones irregulares y el juez ordenó la investigación de contratos por más de 600 millones de euros adjudicados durante el mandato de José María Aznar.