El PP y Bárcenas: idas y venidas de una relación tempestuosa

Si había un dirigente del Partido Popular mediada la década de 2000 que llevaba en su ADN la esencia de Génova, ése era Luis Bárcenas. Pata negra del partido, treinta años contemplaba su hoja de servicios. Una vida dedicada a la formación que se inició antes de que el PP existiera, cuando la Alianza Popular de Manuel Fraga y Antonio Hernández Mancha tenía que bregar con las mayorías absolutas socialistas de Felipe González. Bárcenas pisó la sede de Génova por primera vez en 1985, de la mano de Ángel Sanchís, amigo de su padre, al que Fraga había confiado las finanzas del partido. Ocupó puestos administrativos, trabó amistad con Rosendo Naseiro, creador de la primera caja B, y se convirtió en mano derecha de Álvaro Lapuerta, que le promocionó para el puesto de gerente.

Lapuerta y Bárcenas gestionaron la caja B de los populares desde 1989, según la investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional durante esta última década. Lapuerta recibía a los donantes del partido en su despacho y llamaba a los ministerios que tenían que adjudicar contratos públicos y Bárcenas apuntaba las entradas y salidas de dinero negro en lo que llegó a llamar "estadillos de tendero", cuando renegaba de los famosos manuscritos en los que llevaba la contabilidad B. El cajero del partido se encargaba de ingresar las entregas, debidamente fraccionadas para sortear al Tribunal de Cuentas, en la sucursal bancaria situada frente a la sede de Génova. El sistema también se mantuvo en 2008, cuando Lapuerta cedió el testigo y Bárcenas asumió la dirección de la Tesorería.

En febrero de 2009 estalló el caso Gürtel y pronto Luis Bárcenas fue uno de los dirigentes señalados por recibir comisiones ilegales de la red de amaño de contratos liderada por Francisco Correa. A pesar de su imputación Bárcenas no renunció a su escaño de senador hasta abril de 2010. Eran los tiempos en los que la dirección del PP, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal a la cabeza, aseguraba que la Gürtel no era "una trama del PP sino contra el PP", mientras seguían pagando la minuta a los abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero. A finales de ese año el entonces presidente del Gobierno afirmaba que "nadie podría probar" que Bárcenas no era inocente.

En septiembre de 2011 el magistrado que asumió la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó las actuaciones contra el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, y el PP se unió a los escritos que se oponían al recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la liquidación de la causa. Juntos también recurrieron la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de volver a imputarles. En febrero de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ocultaba su apoyo a Bárcenas que explicitó en un mensaje SMS en el que le decía: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos".

Suiza lo cambió todo

Todo cambió un día de enero de 2013, cuando el nuevo instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, recibió una comisión rogatoria de las autoridades suizas que revelaba la fortuna que Bárcenas había llegado a acumular en dos bancos del país: primero 22 millones de euros, después con una ampliación de las pesquisas 48,2. Rajoy siguió enviando mensajes de apoyo al extesorero –"Luis, lo entiendo, sé fuerte"- pero el 31 de enero el diario 'El País' publicó los papeles de Bárcenas, que ponían de relieve veinte años de financiación ilegal del PP.

En marzo el extesorero cortó las comunicaciones con el líder de su partido enviándole un mensaje en el que decía sentirse "liberado de todo compromiso". Mientras tanto, Cospedal aseguraba que Bárcenas se había desligado del partido en 2010 y que el sueldo que recibía se debía a "una indemnización en diferido". La colaboración entre el PP y Bárcenas había sido tan intensa que el juez Ruz no tuvo otro remedio que revocar la condición de acusación popular que el PP tenía en el procedimiento y transformarla en la de partícipe a título lucrativo.

El magistrado estrechó el cerco contra Bárcenas y en junio de 2013 le envió por primera vez a la cárcel tras constatar que había intentado crear pruebas falsas para intentar justificar su patrimonio. Sintiéndose traicionado, el extesorero cambió de abogado, confió su suerte al exjuez Javier Gómez Liaño y confesó la autoría de sus papeles de manuscritos en una célebre declaración judicial de la que llegó a hacerse una película. Era julio de 2013.

Los populares pusieron tantas trabas a la investigación que el 20 de diciembre de ese año Ruz tuvo que enviar a la Policía Nacional a la sede de Génova para reclamar la documentación sobre las obras de reforma del edificio que sus dirigentes se negaban a entregarle. Mientras tanto, Cospedal se querellaba contra Bárcenas por acusarle de cobrar sobresueldos en negro y lograba que en febrero de 2015 la Audiencia de Toledo le condenara a pagarle 50.000 euros por haber vulnerado su honor.

En ese periodo en el que Cospedal sentó a Bárcenas en el banquillo, entre 2013 y 2015, las cloacas del Ministerio del Interior creadas en torno al director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y al comisario José Manuel Villarejo pusieron en marcha la operación Kitchen, un dispositivo ilegal de seguimientos y vigilancias que tenía como objetivo robar a Bárcenas las pruebas que pudiera ocultar sobre la contabilidad B. Con éxito. Los agentes, sin control judicial, se apoderaron al menos de dos teléfonos móviles, un ipad y varios pen drive. En enero de 2015 Bárcenas salió de la cárcel hablando de sí mismo en tercera persona: "Luis ha sido fuerte de verdad".

La tregua que no sirvió para nada

"El PP no tiene nada que temer", decía Bárcenas en esas primeras declaraciones en libertad. Y así llegó la tregua entre las dos partes. En septiembre de 2016 Bárcenas retiró la acusación contra el PP por haber destruido los ordenadores que guardaba en su sede alegando que no podía costearse tantos procedimientos. Ahora confiesa que en realidad confió "ingenua" e "inocentemente" en la promesa que le hicieron desde su antiguo partido para que su esposa, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión.

En el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel, Bárcenas y el PP pidieron juntos la anulación de la causa y compartieron una estrategia de no agresión gracias a la cual Bárcenas renombró la caja B del PP como "una contabilidad extracontable". En diciembre de 2018, juntos otra vez, coincidieron en recusar al magistrado Fernando Andreu como integrante del tribunal que dirigirá el juicio que empieza este lunes.

El final de la tregua llegó a golpe de sentencias. Primero la de la Audiencia Nacional, que condenó en mayo de 2018 a Bárcenas a 33 años de cárcel, de vuelta a la prisión de Soto del Real, y a su mujer a 15 años. Después la del Supremo, que en octubre de 2020 rebajó mínimamente las penas: 29 años para el extesorero, 12 para Rosalía Iglesias, que ingresó en Alcalá-Meco en noviembre pasado. 2021 es el año del juicio por la caja B del PP y en él Bárcenas ya no tiene nada que perder.