El juez Peinado incautó el teléfono a Barrabés mientras estaba en el hospital para registrar su casa

El empresario Carlos Barrabés ha cuestionado que el juez Juan Carlos Peinado se personara en el hospital para incautarle su teléfono dejándole sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior en el momento en el que la Guardia Civil estaba registrando su vivienda y su empresa.

Barrabés ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Peinado por el que se autorizó los registros en una de sus viviendas y una de sus empresas que se produjeron el pasado 23 de agosto.

La defensa de Barrabés no cuestiona la posibilidad de practicar una entrada y registro en pleno mes de agosto, pero sí "la urgencia que pudiera existir para ello", que se practicara cuando su representado estaba "internado en el hospital padeciendo un grave tratamiento y, por lo tanto, sin posibilidad física de estar presente, circunstancia perfectamente conocida por el Juzgado, según se comunicó oportunamente por esta representación".

También cuestionan que se personara la fuerza actuante en el propio hospital para incautarle su teléfono dejándole sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior, en un momento en el que Barrabés estaba en una habitación de aislamiento en el hospital por su situación médica.

Insisten en que no haya mediado ni un solo requerimiento de información, ni a su representado ni a ninguna de las entidades con él relacionadas que pudiera mostrar la más mínima obstaculización a la investigación; que siempre ha existido el ofrecimiento de dar toda la información que fuera requerida, sin que se haya formulado petición alguna y finalmente que se hayan producido las "extralimitaciones" que se vienen denunciando en este recurso.

Pero con todo y con ello, lo más relevante, según la defensa, es que la diligencia de entrada "adolece de la carencia absoluta de elementos indiciarios que justificaran una medida como la acordada".

Barrabés habla de una "gravísima vulneración de derechos y atropello"

En el recurso, la defensa asegura que la investigación se ha partido de la "presunción injusta e infundada" de que todas las adjudicaciones públicas a favor de la empresa de Barrabés, Innova Next, "se han producido por la mediación ilícita (la influencia) de la Sra. Gómez Fernández y su entorno personal·.

Esto, insisten, lo sostienen "sin ninguna clase de indicio o sospecha que amerite su investigación" además de la presentación de escritos de las acusaciones populares, que consideran "vacíos del más mínimo rigor jurídico y basados en informaciones carentes de veracidad publicadas por determinados medios de comunicación".

Para la defensa de Barrabés, "la infame politización de este procedimiento que pretenden las acusaciones populares, a la que somos absolutamente ajenos, ha llevado al intento de criminalización de todas las actuaciones, sin ningún apoyo o justificación, pero que sin embargo el Juzgado ha asumido como propias".

El empresario también denuncia la "inconcreción" de proceder "al clonado de ingente información, sin filtro alguno, tuviera o no relación con la causa" y habla de una "gravísima vulneración de derechos y atropello".

El juez ordenó la recogida de documentación relacionada con Innova Next

El registro del pasado 23 de agosto fue ordenado por el juez Peinado en el marco de la causa que instruye contra la esposa del presidente del Gobierno, a quien investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado ha abierto una pieza separada en la causa para que las diligencias del registro permanezcan secretas.

En concreto, el juez ordenó la recogida de documentación relacionada con los contratos adjudicados a Innova Next, contratos que ya han sido analizados por la UCO en dos informes en los que se concluía que no existían indicios de delito. En la causa, no obstante, se investigan concesiones de la empresa Red.es, dependiente del Ministerio de Industria, así como del Consejo Superior de Deportes y del Ayuntamiento de Madrid.

Barrabés fue profesor del máster que codirigía la mujer de Pedro Sánchez y adjudicatario de una serie de contratos públicos, algunos de ellos remitidos a la Fiscalía Europea. Aunque la UCO no apreció irregularidades en los contratos asignados al empresario, este ha declarado ya dos veces ante el juez Peinado, que primero le interrogó en calidad de testigo y posteriormente le imputó por los mismos delitos por los investiga a Gómez.

En esas comparecencias judiciales, Barrabés reconoció haberse reunido con Begoña Gómez varias veces en Moncloa y, en una ocasión, a solas con el propio Sánchez sin la presencia de su esposa. Una reunión dedicada a tratar temas de innovación, según afirmó, asegurando que también ha mantenido ese tipo de encuentros con otros partidos políticos y responsables de instituciones.

El presidente, por su parte, aseguró no tener relación con Barrabés o con el otro investigado en la causa, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, cuando el juez acudió a interrogarle al Palacio de la Moncloa, donde Sánchez se acogió a su derecho a no declarar para no perjudicar a su mujer. Precisamente esta semana, el juez ha ordenado trasladar a las partes la grabación de la citación en Moncloa, en una providencia en la que afirma que se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo.