La batalla por la ley de amnistía aterriza en el Constitucional tras los recursos de los barones del PP y Page

El Tribunal Constitucional activa esta semana la maquinaria de recursos contra la ley de amnistía con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, que será admitida a trámite por unanimidad, mientras acumula una decena de impugnaciones más que estudiará en próximos plenos.

Fuentes jurídicas explican que el Pleno que se reúne este martes admitirá a trámite la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal sobre el delito de desórdenes públicos, cuyo ponente es el conservador Ricardo Enríquez, el primero de los muchos recursos y cuestiones que espera el Constitucional sobre la norma.

Porque el recurso del PP, presentado la semana pasada, va el día 24, cuyo ponente es el conservador José María Macías, nombró una propuesta de los 'populares'. Y los siguientes serán los de los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón y Murcia, gobernadas por el PP, y el de Castilla-La Mancha, del PSOE.

También han recurrido tres parlamentos autonómicos, los de Aragón, Cantabria y Murcia. Tanto el PP como los gobiernos de Madrid, Andalucía y Galicia han recusado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya los magistrados Laura Díez -ex alto cargo del Gobierno- y Juan Carlos Campo, si bien él mismo se ha apartado por sus declaraciones sobre la amnistía cuando era ministro de Justicia.

Su resolución puede tardar un año

Las fuentes explican que el tribunal dará preferencia en la tramitación a la cuestión del Supremo por ser no solo la primera sino por venir del más Alto Tribunal del país, de manera que marcará el camino para la resolución de todos los recursos de inconstitucionalidad y amparo que Verá después el tribunal.

La Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al TC a finales de julio en un auto en el que los magistrados aseguraban no albergar "duda alguna" de que la ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley de seguridad jurídica.

Al respecto, las fuentes dejan claro que el recorrido será largo y que su resolución puede tardar hasta un año siendo el horizonte más optimista de unos seis u ocho meses. Pero antes el Pleno encara la petición del magistrado Juan Carlos Campo que comunicó su abstención en el debate de la cuestión planteada por el Supremo, porque siendo ministro de Justicia escribió los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional. Previsiblemente su petición será aceptada.