El Gobierno acata la decisión del Constitucional pero advierte: "Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen"

El veto del Tribunal Constitucional a la tramitación de la ley que pretendía desbloquear su renovación, paralizada desde hace meses por parte de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado un choque institucional sin precedentes en la historia de nuestro país, con el órgano de garantías suspendiendo por primera vez dos enmiendas a una proposición de ley que todavía no habían entrado en vigor ni habían sido debatidas en las Cortes.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de reconocer el acatamiento del Ejecutivo de la "insólita" decisión del tribunal de garantías y ha apuntado al Partido Popular, a quien ha acusado de querer conseguir a través de la Justicia lo que no ha podido mediante las elecciones.

"Con sus recursos judiciales, el PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué es lo que se aprueba y lo que no. Hoy se ha abierto esa puerta", ha deplorado el titular de Presidencia y hombre de confianza de Pedro Sánchez desde La Moncloa pasada la medianoche.

"Este es un asunto complejo y por eso quiero situar el debate en sus justos términos", ha abundado Bolaños. "No es un conflicto entre partidos o instituciones, sino entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años. Entre quienes queremos cumplirla y quienes no", ha asegurado.

Poco antes han hablado también los presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, quienes han protagonizado una declaración institucional pocos minutos tras conocerse la decisión. El discurso de ambos ha sido idéntico en cuanto al contenido, acatando la decisión y defendiendo la actuación de las cámaras, pero no tanto en cuanto a las formas. Si bien los dos han deplorado el Poder Judicial, el presidente del Senado ha sido mucho más duro a la hora de señalar culpables.

"Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático", ha dicho Batet desde la sede del Congreso.

Más duro aún ha sido Gil, quizá porque ha sido en su cámara, el Senado, donde se ha frenado el procedimiento parlamentario, impidiendo votarse las enmiendas del Ejecutivo destinadas a desbloquear la renovación del Constitucional. "Al profundo menoscabo generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se suma ahora la instrumentalización de este último órgano", ha reprochado, calificando de irresponsables al Partido Popular, pero sin mencionarlo, por no avenirse a la renovación de unos órganos que mantienen mayorías de la victoria electoral del PP de 2011.

La presidenta del Congreso ha reconocido la "honda preocupación" que la decisión "sin precedentes" provoca en el legislativo, al suspenderse un procedimiento legislativo en curso. "Con la decisión conocida se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo", ha advertido Batet, señalando el posible perjuicio para "el correcto funcionamiento del poder legislativo".

"Lo que está ocurriendo hoy tendrá alto coste en términos democráticos mañana", ha censurado Gil.

Feijóo: "Nuestra democracia sale fortalecida"

Para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el bloqueo del Constitucional al legislativo es una victoria del Estado de Derecho. "Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón", ha argumentado.

Fuentes de la vicepresidencia segunda del Ejecutivo, dirigida por Yolanda Díaz, han apresurado a señalar a los populares antes incluso de que saliera Bolaños a dar la valoración del Ejecutivo a la medida. "Este grave hecho es el resultado de un proceso de deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución", han deplorado desde el entorno de Díaz.

"Gana la democracia y pierde Sánchez", ha celebrado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha calificado de "atropello" la enmienda para la reforma del Ejecutivo.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha coincidido en el uso de la palabra "atropello", pero para referirse a la decisión del tribunal de garantías. "Unos magistrados que se saltan la ley amordazan a las Cortes elegidas por voto popular. Hay que defender la democracia", ha dicho, también a través de la misma red social. Pocos minutos después ha anunciado el registro de una proposición de ley para la reforma del Tribunal Constitucional: "No van a poder con la soberanía popular".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que esta decisión supone "el fin de la credibilidad del TC y otros órganos, utilizados para hacer política. Invasión de la soberanía parlamentaria", ha señalado.

"Lo peor no es el hecho (subsanable si el Gobierno presenta una proposición de ley), lo peor es el precedente. ¿Cuántos plenos más pueden suspender estos jueces recusados?", se ha preguntado el republicano Gabriel Rufián. Fuentes de ERC a laSexta han calificado de "desastre" la decisión tomada este lunes por el Tribunal de Garantías.

Desde Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha calificado de "golpe" a la democracia lo ocurrido. "La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más", ha señalado en redes sociales.