Cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial

Becas y cambios en las oposiciones: el Gobierno presenta una reforma para democratizar el acceso a la carrera judicial y fiscal

Medidas clave El anteproyecto de ley contempla becas para opositores con un importe mínimo del SMI y una duración de cuatro años, así como la creación de centros públicos de preparación y un registro público de preparadores por provincias.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el "fortalecimiento" de las carreras judicial y fiscal. Una modificación que tiene entre sus objetivos la "igualdad de oportunidades" en el acceso y que, a tal efecto, prevé un sistema de becas para los opositores, así como cambios en los exámenes.

El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de desgranar las principales medidas de una reforma que, según ha explicado en rueda de prensa, tiene cinco prioridades: "Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal"; "buscar la excelencia" y "adecuar los sistemas de acceso" al siglo XXI; "ampliar el número de personas que forman parte" de ellas; "garantizar el desarrollo de una promoción profesional plena de jueces y magistrados" y "reforzar la transparencia de las estructuras".

Becas y centros de formación para opositores

Entre las medidas destinadas a democratizar ese acceso a la judicatura y la carrera fiscal, Bolaños ha explicado que la reforma contempla un sistema de becas público por el que que los opositores a la carrera judicial y fiscal, así como a la Abogacía del Estado y a letrado de la Administración de Justicia tendrán derecho a una beca por el importe mínimo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una duración de cuatro años, y que se convocarán anualmente.

"Garantizaremos que los opositores a los altos cuerpos de la Administración de Justicia perciban al menos el salario mínimo durante cuatro años para poder prepararse con independencia de la renta de su familia", ha señalado el también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

En esta misma línea, se habilitará un centro público de preparación de opositores, convirtiendo el actual Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de oposiciones donde los opositores podrán formarse y acudir a 'cantar' los temas. Bolaños ha asegurado que también se garantizará que haya delegaciones en distintos puntos de España, con centros públicos de preparación de opositores "a lo largo de toda la geografía" española.

También se creará un registro público de jueces y magistrados que hayan pedido la compatibilidad para preparar oposiciones, de tal manera que los opositores podrán saber qué preparadores hay por provincias. "Con estas políticas garantizamos la igualdad de acceso y de oportunidades", ha defendido Bolaños. "No puede ser un impedimento la baja renta de tu familia, si tienes talento, si te esfuerzas, si estudias, puedes ser juez, puedes ser fiscal, puedes ser abogado del Estado, puedes ser LAJ", ha prometido el ministro.

Ejercicios escritos además de orales

Por otra parte, Bolaños ha anunciado que se instaurará un ejercicio escrito en la oposición, de tal forma que esta consistirá en un examen tipo test, una prueba oral y una prueba escrita. Un cambio que el ministro ha justificado para "adecuar las oposiciones a la realidad del trabajo que llevan a cabo jueces y fiscales" y que, ha mantenido, "es sobre todo escribir y razonar en derecho", pese a lo cual actualmente "no hay ninguna prueba en la oposición que valore la habilidad para escribir y relacionar conceptos jurídicos".

"Garantizamos con esto que la habilidad memorística de conocerse los 300 y pico temas que forman parte de la oposición se garantice, pero también garantizamos habilidades de los opositores en la redacción y la relación de los conceptos jurídicos", ha defendido Bolaños, que cree que esta medida "servirá para aumentar el nivel de los opositores que accedan a la carrera judicial" al sustituir una prueba oral por otra escrita.

Asimismo, se prevé un cambio en el llamado cuarto turno, por el que juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional pueden acceder a la carrera judicial a través de una evaluación de méritos y una prueba. Para "agilizar" estos procesos, ha indicado Bolaños, se hará primero la prueba escrita, de forma que solo se evaluarán los méritos de los candidatos que la superen. Además, toda prueba escrita será anónima para garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, Bolaños ha indicado que cada vez que se convoque el turno libre se convocará también el concurso oposición para garantizar que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por el cuarto turno. A su vez, la reforma prevé, por primera vez, el cuarto turno en la carrera fiscal y regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.

Las asociaciones judiciales, sin financiación privada

En cuanto a la mejora de la carrera profesional, establece un sistema de ascenso automático por antigüedad, mejora la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

Entre las medidas anunciadas por Bolaños se incluye también la regulación de la financiación de las asociaciones profesionales de jueces, de tal manera que no podrán tener financiación privada. algo que, según Bolaños, "va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad". "La financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios, y también, en su caso, financiación pública", ha defendido.

La reforma regulará también la composición y elección de los miembros delComité de Éticadel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que cinco miembros serán jueces o magistrados elegidos por la carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral. También modifica los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, con candidaturas individuales y un solo voto por elector, prohíbe el voto delegado, introduce el voto telemático y reduce el mandato de cinco a tres años.