Segundo plantón de Begoña Gómez al juez Peinado tras su decisión de llevarla ante un jurado popular

Begoña Gómez volverá a dar plantón al juez Peinado. Esta lunes estaba citada para comunicarle que si acaba juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos por lo que está investigada —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo—, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.

La esposa del presidente había sido citada a las 17:30 horas junto al empresario Juan Carlos Barrabés. En su notificación, Peinado insistía en la necesidad de que vaya presencialmente, algo que también evitó el pasado 27 de septiembre.

Afirmaba que debían "comparecer necesariamente asistidos de su letrado", pero, tal y como adelantó laSexta por la mañana, no ha ido. La duda ahora es si el juez tomará alguna acción contra ella tras este segundo plantón.

Esta mañana, Gómez ha acompañado a Pedro Sánchez al funeral de Guillermo Fernández Vara en Badajoz, y no tiene ninguna intención de acudir al juzgado. Su defensa se ha amparado en la circular de la Fiscalía 4/1995 según la cual no es indispensable la presencia del investigado.

Como explica el magistrado Joaquim Bosch, "la ley no dice que sea obligatoria la presencia de los investigados ni regula ningún tipo de consecuencia en caso de que no se comparezca". Es más, la citación era un mero formalismo para comunicar que si la causa en la que se le imputan cuatro delitos prospera, será un jurado popular quien la juzgue.

"En este tipo de acto no tiene ninguna intervención las personas investigadas", insiste Bosch. Por ello, salvo sorpresa, no está previsto que Peinado tome ninguna medida en forma de sanción. "El criterio jurídico que se sigue en los juzgados de instrucción es no suspender ni llevar aparejadas consecuencias por el hecho de que no comparezca una persona investigada", añade.

Ha sido la sexta vez que Gómez era citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.

La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación —relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez—, sería juzgada por un jurado popular.

En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".

La evolución del caso

El juez abrió la pieza principal en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Por estos hechos, imputó a Gómez corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.

Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.

En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Peinado investigara a Gómez por los hechos que se circunscriben a los contratos adjudicados a Barrabés que se encuentran bajo sospecha —aquellos que no fueron sufragados con fondos europeos y que no están siendo investigados en la Fiscalía Europea—, así como los hechos relativos a la cátedra.

El órgano consideró "llamativa" y "verdaderamente significativa" la "variación, cuantitativa y cualitativa", que experimentó "la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los masters".

Así las cosas, dio su visto bueno a que Peinado siguiera investigando "otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados".

Con todo, el pasado enero la Audiencia de Madrid declaró la nulidad del registro que se practicó en agosto de 2024 en el domicilio y las oficinas de Barrabés al considerar que Peinado no fundamentó adecuadamente la orden de entrada y registro.

Ahora, la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa están a la espera de que la Audiencia de Madrid conteste a los recursos que presentaron contra la formación de la pieza separada relativa a la malversación, así como contra la imputación por malversación y la decisión de juzgar dicho delito con un jurado popular.

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