Gobierno y Bildu pactan la derogación de la 'ley mordaza' y acabar con el uso de pelotas de goma

El Gobierno y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para sustituir la conocida como 'ley mordaza' por una nueva norma. Un pacto, anunciado este jueves la formación abertzale, para poner fin a los puntos más lesivos de esta ley, como poner fin al uso de pelotas de goma de forma progresiva. Las van a eliminar y a sustituir por otros materiales, aunque, todavía, no se especifican cuáles.

Además, el acuerdo que desbloquea la reforma contempla acotar las infracciones por faltas de respeto a la autoridad y aquellas por desobediencia, que además pasan de ser graves a leves, así como una modificación de la Ley de Extranjería relativa a las llamadas 'devoluciones en caliente' en la frontera.

El acuerdo resuelve así los escollos que frustraron el intento de revertir los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana en la anterior legislatura, que finalmente no prosperó porque Bildu y ERC lo consideraban insuficiente, precisamente porque no incluía estos aspectos.

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, y el diputado Jon Iñarritu han presentado este acuerdo "para, ahora sí, terminar con la ley mordaza" en una rueda de prensa en el Congreso, donde Aizpurua ha indicado que "quedará recogido en una nueva ley" que, a su juicio, "cuenta con la predisposición de la mayoría parlamentaria necesaria para una tramitación satisfactoria".

Con esta reforma, ha reivindicado, "se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia", que a partir de ahora "deberán ser objetivables y justificadas", y "se acaba con el uso de las pelotas de goma y las devoluciones en frontera".

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado a preguntas de la prensa que ambas partas llevan "meses trabajando en esto", pero ha dicho no saber por qué la formación abertzale ha anunciado ahora el acuerdo.

"Desconozco el motivo por el que hoy ha querido hacerlo público", ha dicho la también titular de Hacienda, que ha destacado que el acuerdo recoge la eliminación progresiva de las pelotas de goma y cambios en las calificaciones de las infracciones. "Ahora empieza el momento importante, hay que empezar otra vez la tramitación de la ley", ha apostillado.

Apoyo de ERC y PNV, que presentará enmiendas

También Esquerra Republicanafirmará la proposición de ley para acabar con la 'ley mordaza'. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado así el acuerdo: "Nos alegramos mucho y lo hacemos nuestro. Son reivindicaciones fundamentales que ERC ha defendido durante muchos años, y hoy celebramos que se logren".

El PNV, por su parte, ha trasladado ya que apoyará la nueva ley de seguridad ciudadana, pero presentará enmiendas durante su tramitación parlamentaria para "modular el principio de autoridad", según ha trasladado su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.

Desde Junts, a su vez, Míriam Nogueras ha señalado que presentarán sus propias propuestas en el periodo de enmiendas, pero ha incidido en que siempre han defendido la derogación de la 'ley mordaza'.

Rechazo del PP y sindicatos policiales

El acuerdo, sin embargo, se ha topado con el rechazo frontal de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de los sindicatos de Policía Nacional JUPOL y SUP, quienes creen que esta reforma está redactada contra los Policías. Aseguran que con ella les van a despojar de cualquier tipo de autoridad. Miembros de los sindicatos afirman que "no han tenido en cuenta a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El Partido Popular también se muestra en contra. Su portavoz, Borja Sémper, ha aseverado que "un partido que desprecia a la Policía y a la Guardia Civil y que cree que ETA hizo bien será el que decida sobre la seguridad de todos los españoles".

"Entregar la capacidad legislativa de un país a EH Bildu es la línea que le faltaba por cruzar al Gobierno de Pedro Sánchez", ha insistido el dirigente 'popular', que ha mantenido que Arnaldo Otegi se ha convertido en "portavoz de Sánchez" y que "Bildu forma parte de este Gobierno aunque no se siente en el Consejo de Ministros". "Mientras el Gobierno trata de amordazar a los medios, por otro lado facilita el insulto a los policías", ha remachado.

Por su parte, y en contra de la línea de su partido, Emiliano García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, también ha mostrado su disconformidad con esta medida y ha pedido que "pidan perdón y reconozcan de una vez el dolor de las víctimas". "Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle la mordaza al pueblo vasco durante años", ha ironizado.

Sanciones acotadas y adiós a las balas de goma

En concreto, el texto del acuerdo delimita las infracciones por faltas de respeto a la autoridad de tal forma que "deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, la sanción quedará sin efecto si la persona se retracta o disculpa.

Por otra parte, la desobediencia a la autoridad pasará de ser una infracción grave a leve y será sancionable solo "cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico". Asimismo, el pacto recoge que las balas de goma se sustituirán "progresivamente" por otros medios "menos lesivos".

Devoluciones 'en caliente' en la frontera

Las partes también han acordado abordar una modificación de la Ley de Extranjería en un plazo de seis meses para que "la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional" se realice "previamente al proceso de posible expulsión" en la frontera.

Estos cuatro puntos ahora acordados, sumados a los ya aprobados en la anterior legislatura, se concretarán, según el acuerdo, en una nueva 'Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana', que sustituirá a la norma aprobada en 2015, cuando el PP tenía mayoría absoluta.