Presidencia toma las riendas de los secretos oficiales: podrán permanecer clasificados 50 años o más

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como 'Ley de secretos oficiales' que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa. Se espera que esta ley pueda estar aprobada a finales de este año o a principios de 2023.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.

Podemos, en contra del plazo de 50 años

Fuentes de Unidas Podemos consultadas por laSexta trasladan el desacuerdo de la formación morada con esta Ley. Consideran que España no tiene que tener miedo a conocer su historia, estando especialmente en contra de ese plazo de 50 años prorrogable que se plantea. Sin embargo, confían en poder seguir negociándola, dado que la ley tiene que pasar por segunda vuelta.

Al respecto, Félix Bolaños ha asegurado que "respeta" los recelos que ha levantado la nueva Ley de Secretos, aunque confía en que al final esta norma cuente finalmente con una "mayoría parlamentaria rotunda", abriéndose a mejorar el texto durante su tramitación.

Con todo, en Moncloa consideran "lógico" que esta tarea quede en manos de un ministerio "transversal" y de "coordinación interministerial" como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.

Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley en que la normativa vigente es de 1968 y, por tanto, "predemocrática" y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.

La información ya clasificada seguirá siendo secreta

No obstante, esta ley no supondrá la desclasificación automática de ninguno de los documentos ya clasificados hasta ahora y que hayan cumplido sus plazos, sino que ésta se irá haciendo paulatinamente si así lo deciden "de oficio" las autoridades competentes o a instancias de personas afectadas que así lo soliciten.

Así lo ha explicado Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Respecto a la "ingente" documentación ya clasificada o la que se clasifique hasta entonces, en principio, se mantendrá como está, si bien podrá desclasificarse por las autoridades competentes bien "de oficio" o a instancia de alguna persona que tenga interés en la misma. Según el ministro, la regla general será "permitir la desclasificación" salvo que afecte a la seguridad, la defensa del Estado o la integridad de una persona concreta.

Así funcionará la nueva ley

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional --que ahora recae en Presidencia-- para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

Y en el artículo séptimo explicita que "la cancelación de cualquiera de las calificaciones" previstas en la citada Ley "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración".

El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del 'caso Pegasus' de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes. Ese día también aseguró que llevaría a cabo una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para aumentar su control. Solo unos días antes había cesado a la directora del centro, Paz Esteban.

Cabe destacar que esta ley no estará en vigor hasta seis meses después de su aprobación por las Cortes, que el Gobierno calcula para principios de 2023.

La reacción del PNV: una "buena noticia" que llega "muy tarde"

Ya en el mes de julio, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley en el mes en curso. Hizo el anuncio durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Desde el PNV, celebran la "buena noticia" que supone esta ley, pero lamentan que llegue "muy tarde". Además, expresan sus "dudas" acerca de que se acabe de tramitar en esta legislatura, pidiendo que se "aceleren los tramos" para que sea aprobada.

"Lamentablemente, el Grupo Vasco no puede realizar una valoración en profundidad del Anteproyecto de Ley porque desconoce el contenido del mismo más allá de lo publicado en los medios de comunicación. El Gobierno no ha mantenido ningún contacto con la representación jeltzale en el Congreso ni les ha trasladado ninguna información en los últimos meses", afirman en un comunicado, calificando de "decepcionante" los plazos para la desclasificación de documentos, que llegan incluso a doblar las propuestas del PNV.