Bruselas cede la decisión sobre la causa por terrorismo en el caso de Tsunami a la justicia española

La vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, ha dejado este viernes en manos de la justicia española la decisión sobre la causa por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, en respuesta a una carta de ERC que le pedía que investigase las acusaciones. "La cuestión sobre si en un caso individual concreto alguien es culpable o inocente de un delito penal es un asunto sobre el que solo las autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea son responsables", ha escrito Jourová en una carta, en respuesta a la que anteriormente le habían enviado los eurodiputados de ERC Diana Riba y Jordi Solé.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario ha señalado que esto es así porque las instituciones comunitarias "no tienen competencias para intervenir en el día a día de del sistema judicial penal de cualquier Estado miembro". Y ha añadido que corresponde a las autoridades judiciales nacionales "garantizar que los derechos fundamentales se respeten de forma efectiva".

En su carta, Riba y Solé explicaron que el diputado de ERC Rubén Wagensberg, actualmente en Suiza tras la imputación por terrorismo, es un "activista, pacifista y defensor de los derechos humanos" que participó en la "masiva respuesta de los ciudadanos" a la sentencia del procés. Afirmaron también que "el terrorismo, que es el uso indiscriminado de la violencia, está en marcado contraste con los valores a cuya defensa el señor Wagensberg ha dedicado su vida". En su respuesta, Jourová ha subrayado que "los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la defensa de nuestros valores comunes, incluyendo derechos fundamentales como la democracia y el Estado de Derecho".

Y en este sentido, ha dicho que la directiva sobre terrorismo de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a "respetar los derechos fundamentales y las libertades". La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario ha indicado que "corresponde a los Estados miembros, incluyendo a sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respeten de forma efectiva" y que en caso de que no sea así, ha agragado, "se puede solicitar reparación a nivel nacional, a través de las autoridades naciones competentes".