Bruselas no ve necesaria 'a priori' una intervención por la ley de amnistía

Bruselas no actuará, por el momento, contra la ley de amnistía después de que la Comisión Europea haya asegurado que no existe conflicto entre la misma y los principios y normas comunicatorios de la Unión Europea.

Según ha informado Europa Press a través de fuentes europeas, las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, concretamente en el principio de separación de poderes por la posibilidad de que abarcara los denominados casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'.

Sin embargo, tras estudiar el texto registrado el este lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, esas dos preocupaciones se han disipado porque ambas cuestiones quedan fuera de la proposición de ley. Eso sí, el texto está siendo analizado ahora en profundidad por los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal.

Las fuentes consultadas aseguran que en el texto presentado por el PSOE no ven conflicto alguno con las normas comunitarias de la Unión Europea, como por ejemplo el artículo 2 del escrito detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

También señalan que, de haber existido referencia alguna al 'lawfare' en la proposición de ley, la Comisión Europea sí habría tenido que actuar. Pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos queda fuera del alcance de Bruselas. En este sentido, apuntan que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un "actor político" en los Estados miembros. Cosa diferente, avisan, es que ese acuerdo político que recoge el 'lawfare' tenga un desarrollo legislativo.

Por tanto, para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control corresponderá a las autoridades españolas, empezando por el Parlamento, que debe tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última palabra sobre su legalidad.