Cabezón niega haber creado "laberintos societarios" para eludir impuestos y abre la puerta a emprender acciones legales

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, ha negado en un comunicado emitido este lunes las informaciones que afirman que habría utilizado una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para eludir el pago de impuestos.

Según ha informado 'El Confidencial', Cabezón tendría como centro de sus operaciones una sociedad llamada Vatnet Proyectos 2010 constituida el 9 de junio de 2010, empresa que fue inscrita por Alejandro Molina Allende, un empresario que es amigo de Cabezón desde hace décadas, según aseguran fuentes próximas al alto cargo de Ferraz recogidas por el citado medio.

'El Confidencial' explica que para poder esquivar a la Agencia Tributaria, Vatnet Proyectos 2010 AEIE necesitaba dos socios: uno con un 20% de las acciones y otro con el 80% restante. El 20% pertenecía a Divinal SL, una empresa española administrada por Molina Allende que fue adquirida meses antes a una granja de sociedades limitadas, lo que permite montar un negocio sin que aflore el nombre de su propietario. El otro 80% pertenecía a Glengrove Limited, una sociedad inglesa con sede en una vivienda del norte de Londres que no tenía actividad y estaba controlada por dos testaferros profesionales costarricenses, según el citado medio.

No obstante, el socialista ha respondido mediante un comunicado negando las informaciones: "Nunca he creado 'laberintos societarios'. Mi ámbito empresarial siempre ha sido España. Mis activos son públicos y declarados. He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias".

"Esta noticia, que parece enmarcarse en el caso Nummaria, vincula en el mismo artículo diferentes empresas y fechas con referencias a mi persona. Mi relación con el despacho Nummaria es que la compañía que fundé y en la que trabajé en el periodo 2008-2011, plazo temporal en el que se ubica la noticia publicada, contrató los servicios de este despacho por su reconocido prestigio y reputación en aquel momento", detalla.

Ante ello, ha explicado que en esos años toda su actividad económica "tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno": "El caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional en la que, tras una exhaustiva investigación de más de diez años, se declara, en unos casos, la responsabilidad, y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho Nummaria objeto de investigación. ⁠Durante esos diez años, nuestra compañía no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso Nummaria".

Y, finalmente, Cabezón ha concluido asegurando que no descarta emprender acciones legales "en caso de persistir en la publicación de contenidos difamatorios".

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