La consejera canaria Carolina Darias, la elegida por Pedro Sánchez para asumir el reto del diálogo con Cataluña

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias se pondrá al frente del Ministerio de Política Territorial, según ha podido saber laSexta.

Carolina Darias nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1965. Es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias. En 1999 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y desde 2004 hasta 2008 fue subdelega del Gobierno en Las Palmas. En 2008 resultó elegida diputada del Parlamento de Canarias para la VII Legislatura, en la que ocupó la Portavocía de Sanidad del Grupo Socialista, hasta que desempeñó el puesto de directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre 2008 y 2011, la ahora ministra de Política Territorial y Función Pública fue delegada del Gobierno de España en Canarias. En 2011 fue consejera y portavoz del Cabildo de Gran Canaria.

Desde 2015 asumió la presidencia del Parlamento de Canarias y desde julio de 2019 es consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

Darias ha ofrecido "acuerdo, diálogo y consenso" para las cuestiones territoriales. "Es el único camino que conozco", ha añadido.

En la anterior legislatura, Meritxell Batet tenía el cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública hasta que fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados, por lo que Luis Planas, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, asumió las funciones del departamento.

Una de las políticas más activas del Gobierno durante esta legislatura va a ser la cohesión territorial de España, con especial atención a la situación de Cataluña, pero sin dejar de lado al resto de Comunidades Autónomas.

La legislatura del diálogo

Pedro Sánchez ya adelanto que esta sería "la legislatura del diálogo" y en la que se pretenderá reducir la tensión territorial. Prueba de ello fue el anuncio de la celebración de una Conferencia anual de presidentes de CC.AA. en el Senado y "reuniones bilaterales con todos", escribía el presidente en su Twitter.

La Conferencia de Presidentes nació en el año 2014 como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades. Sin embargo, tan solo se han realizado cuatro reuniones (2005, 2007, 2009, y 2012), además de la inaugural.

La decisión del Ejecutivo de Sánchez de retomar estas conferencias con el compromiso de que sean anuales es toda una declaración de intenciones en un momento en el que se cuestiona la organización territorial del país.

Pero el compromiso va más allá y el nuevo Gobierno se compromete a la "desconcentración institucional del Estado" trasladando instituciones y organismos a distintas ciudades. Asimismo, durante legislatura se aprobará un "nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual".

Una "España fuerte y cohesionada"

Cataluña volverá a ser uno de los principales retos que tendrá que afrontar este Ministerio y lo hará "impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".

Además, se pretende mejorar la coordinación entre el Estado y todas las comunidades autónomas, así como la participación de éstas en las tomas de decisiones estatales.

En el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos, también se habla de apostar por una "España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Sin embargo, admiten que el sistema no es perfecto y que requiere actualizaciones. Por lo que, para subsanar sus carencias y optimizar su funcionamiento, ambos partidos se comprometen a llevar a cabo algunas reformas.

Todas las medidas que tenga que poner en marcha el Ministerio Territorial tendrán como objetivo reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.