Castilla-La Mancha se plantea pedir la declaración de 'zona catastrófica' tras el paso de Filomena

El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena. El consejero de Fomento del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha afirmado que se abrirá un proceso para recabar información entre los empresarios, sindicatos, tercer sector, ayuntamientos y diputaciones respecto a los daños provocados por la borrasca Filomena y, en función de los datos, se planteará la posibilidad de solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.

Así se ha pronunciado en respuesta a las preguntas en rueda de prensa sobre la petición del PP de solicitar dicha declaración. Hernando ha explicado que, en función de los "datos objetivos" recabados, se planteará o no la posibilidad de remitir esa información al Ministerio de Interior, que es quien dictamina si es factible o no la declaración de zona catastrófica.

"La declaración en sí no es lo importante, sino el determinar qué daños materiales se han producido para que pueda haber compensaciones a esas personas", ha explicado el consejero.

En caso de confirmarse la petición, éstase sumaría a la de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que ya habían solicitado la declaración de 'zona catastrófica' en la región por las nevadas y heladas que ha producido la borrasca Filomena.

Una situación que no ha descartado que se produzca el Gobierno central. Sin embargo, desde Interior destacan que no se hará una evaluación definitiva de los daños hasta que no finalice la emergencia.

¿Qué implica la declaración de 'zona catastrófica'?

Realmente tiene importantes efectos en el bolsillo del ciudadano, ya que contempla medidas por daños personales, por daños materiales de diferente naturaleza, medidas fiscales y también laborales y de Seguridad Social.

En concreto, las autoridades pueden establecer ayudas directas a los ciudadanos por los daños en su vivienda habitual o en los enseres de primera necesidad o compensaciones a los Ayuntamientos y empresas por el gasto incurrido en hacer frente a la emergencia. También se pueden establecer líneas de préstamos del ICO preferentes para los afectados.

En cuanto a los beneficios fiscales, se puede eximir del pago del IBI o reducciones en los impuestos sobre Actividades Económicas. También se pueden establecer moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social o también suspender contratos por causa de fuerza mayor.

Según la ley, puede ser declarada "cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado" y tendrá que hacerlo el Consejo de Ministros tras la solicitud de las administraciones interesadas.

Sin embargo, antes el Ejecutivo habrá tenido que estudiar si se han producido daños personales y materiales que perturben las condiciones de vida de la población o si se han paralizado algunos o todos los servicios públicos para poder declararla.