La causa contra Begoña Gómez reabre el debate sobre el jurado popular: errores y grandes veredictos en España

Begoña Gómez ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que se sentarían en el banquillo la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Con esta audiencia se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Un hecho que ha reabierto el debate sobre la eficacia de los juicios con jurado popular. Lo cierto es que algunos de los casos más mediáticos del país han tenido jurado popular, y rara vez sin polémica.

Una situación que ha provocado que se llegue a plantear la reforma de la ley del Jurado. Una idea que tomó fuerza después de que el Tribunal Superior del País Vasco anulara la absolución y ordenara repetir el juicio contra el etarra Mikel Otegi.

De hecho, han intervenido incluso instancias superiores, como la Audiencia de Granada, para disolver jurados antes de un veredicto de culpabilidad infundado. Ocurrió con una doctora procesada por omisión del deber de socorro.

Suele cuestionarse su competencia técnica, la formación jurídica de sus miembros, porque una de cada cinco sentencias acaban revocadas por el Supremo.

El ejemplo por antonomasia es el de Dolores Vázquez, condenada en 48 horas por el asesinato de Rocío Wanninkhof. Estuvo17 meses en prisión hasta que el ADN de Tony King probó su inocencia.

Un mes de juicio, 130 testigos y peritos, y pruebas científicas complejas. La información que tuvieron que procesar quienes juzgaron a los padres de Asunta Basterra fue ingente. Cinco días de deliberación para una condena a 18 años que en este caso el Supremo confirmó.

Su defensa, como la de Ana Julia Quezada, cuestionaron la imparcialidad de un jurado que, según ellos, ya tenía una opinión formada del caso por la enorme presión mediática.

Además, consideran que prevalecen, inevitablemenbte, factores emocionales sobre criterios jurídicos. La defensa de José Bretón lo definió como "crucificado por la sociedad" a pesar de un fallo unámine y 40 años de prisión ratificados por el juez.

Hay quien considera que no están preparados para juzgar determinados delitos por su complejidad técnica, como casos de corrupción. Tenemos el ejemplo de Francisco Camps, no exenta de controversia su absolución por el conocido como caso de los trajes.

El dato es demoledor: más del 90% de sentencias son condenatorias y se critica que tienden a ser más punitivos, aunque hay excepciones como el caso del asesino del conocido como crimen de Sober, absuelto a pesar de que sus restos de ADN estaban en los elementos del crimen. De ahí el mantra: "si soy culpable, que me juzgue un jurado. Si soy inocente, que lo haga un juez".

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