Crisis migratoria

Choque institucional por el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta: la ciudad ve la decisión "un grave error" del Gobierno

El contexto El Ejecutivo nacional ha tomado el mando del puerto para hacer dos campamentos para migrantes pese a que el Consejo de Administración ceutí votó en contra de habilitar el espacio para tal fin.

La decisión del Gobierno de tomar el mando del puerto de Ceuta para acoger a un millar de migrantes ha provocado un nuevo choque institucional con el gobierno ceutí.

Lo ha hecho porque el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votó este viernes en contra de ceder esos terrenos por una votación 11-4, precisamente siendo los cuatro votos a favor de representantes del Ejecutivo nacional.

Consulta y resultado que poco ha importado al Ministerio de Transportes para tomar la decisión sacando un as de la manga: tomar el control (dentro de la ley) a la fuerza. "El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó no autorizar la solicitud [...] procediendo a elevar el expediente a Puertos del Estado", recoge la resolución de la cartera dirigida por Óscar Puente.

Una decisión que el gobierno ceutí califica de "grave error" porque "se trata de una infraestructura crítica y eso indican informes existentes". En opinión del Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas "esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los migrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, porque esa debe ser la prioridad".

Además, muestran su temor por la ubicación elegida. Un descampado de 16.000 metros cuadrados dentro del complejo portuario con una brecha de seguridad que el propio comunicado del ministerio reconoce: "Pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria".

Aunque añaden, los motivos para hacerlo son superiores ya que "concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización".

Llama también la atención la fecha tope hasta la que el ministerio ha pedido la autorización de uso. Hasta el 31 de diciembre, dejando así la puerta abierta a que la resolución de la crisis se pueda extender meses.

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