Cierre de filas en el Gobierno con el fiscal general, que "se defendía" de un "bulo" de Ayuso: "Quedará en nada"

Cierre de filas en el Gobierno con el fiscal general del Estado. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido para manifestar su respeto a las decisiones judiciales y también para mostrar su "respaldo a la labor del fiscal general del Estado en este caso y en su labor persiguiendo el delito". "Este asunto quedará en nada", ha añadido tras conocerse que el Tribunal Supremo abre una investigación a Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos.

Bolaños ha recordado los hechos alrededor de este caso, señalando que el novio de Isabel Díaz Ayuso había confesado dos delitos fiscales y desde la Comunidad de Madrid se transmitió la "falsedad" de que la Fiscalía había intentado un acuerdo. El ministro ha recordado así que la Fiscalía únicamente salió a desmentir un bulo. "Lo que hoy se investiga es una fiscalía que sale a contar la verdad para desmentir información inexacta. Estas son las circunstancias objetivas. Espero que nadie pueda tener problemas por desmentir un bulo", ha defendido.

Antes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la "profesionalidad y honorabilidad" de Álvaro García Ortiz, tras conocerse su imputación por parte del Tribunal Supremo, y remarca que la Fiscalía solamente "se defendió de una mentira" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Montero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, minutos después de que el Supremo acordase abrir una investigación contra García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de Ayuso, una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

Este asunto quedará en nada

Considera además que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando "demonizarlo" e "intentan presentar querellas" contra García Ortiz. "Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso", ha señalado.

Según la vicepresidenta, Ayuso mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que "además era Hacienda la que le debía dinero", cuando según ha subrayado Alberto González Amador admitió que había cometido "un delito fiscal" y fue su abogado el que solicitó el pacto.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al PP en la sesión de control en el Congreso que "no tape lo principal", señalando a los "dos delitos fiscales" de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una imputación inédita a un fiscal general

El Tribunal Supremo abre una causa contra el fiscal general por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental. Un hecho absolutamente inédito, pues es la primera vez en democracia que se imputa a un fiscal general del Estado.

El alto tribunal también ha acordado investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, aunque no tiene la condición de aforada, por considerar que los comportamientos de ambos guardan una conexión que impide incoar causas separadas.

Esta causa gira en torno a la nota de prensa emitida por la Fiscalía en marzo para salir al paso del bulo, difundido por el jefe de gabinete de Ayuso y recogido por varios medios de comunicación, que aseguraba que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al novio de la presidenta madrileña, cuando en realidad fue su defensa quien lo propuso, reconociendo además los delitos fiscales.

Ahora, el Supremo recoge en su auto, al que ha tenido laSexta, la tesis de la Fiscalía -que se opuso a imputar a García Ortiz- de que la nota de prensa en sí no es delictiva, sino que el delito estaría en la filtración y publicación de los e-mails entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso y que esos correos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal provincial.