Prácticas anticompetitivas

La CNMC abre expediente a cuatro bancos por posibles abusos en los créditos ICO durante la pandemia

El organismo cree que se han podido vincular los créditos ICO por COVID a la contratación de distintos productos financieros, lo que podría alejarse de la buena que se reclama a las empresas con los clientes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra cuatro entidades bancarias por posibles prácticas anticompetitivas. La investigación afecta a Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia, y analiza las condiciones que exigieron las entidades a empresas y autónomos para contratar líneas de avales ICO COVID durante la pandemia, así como el uso de los créditos como mecanismo con el objetivo de reestructurar deudas financieras preexistentes.

Esta iniciativa se puso en marcha en 2020 por el Gobierno. En concreto, los avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado año para facilitar el acceso al crédito y la liquidez a empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la llegada del COVID-19.

La Comisión comenzó la investigación gracias a la información recibida a través del buzón electrónico que activó este organismo durante el estado de alarma. El objetivo de ese canal: que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas de carácter anticompetitivo que se estuvieran efectuando en los mercados.

Las conductas supondrían un falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afectan al interés público. Precisamente, la CNMC valora que la actuación de las entidades analizadas se alejaría de la buena que se reclama a las empresas en sus relaciones con los clientes.

La incoación del expediente se produce al amparo del artículo 3 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), en relación con el artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

laSexta/ Noticias/ España