Colau niega que diera instrucciones para sancionar un fondo de inversión: "No hay nada que esconder"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.

Colau ha declarado como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, por los delitos de coacciones y prevaricación, a raíz de la querella que presentó contra ella el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.

En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras Investments, ha aducido que poco después de acceder a la alcaldía delegó sus funciones en materia de vivienda en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los expedientes relacionados con el fondo de inversión, según han informado fuentes jurídicas.

La querella de Vauras contra la alcaldesa, que está investigada en otro juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines, fue archivada por la misma jueza instructora en noviembre de 2020 al no ver indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en abril del año pasado.

En la comparecencia de este lunes, los abogados del fondo de inversión han anunciado que pedirán más diligencias para aclarar los hechos, por lo que lo más probable es que la alcaldesa afronte las elecciones municipales del próximo mes de mayo sin que haya una resolución sobre la querella.

Vauras acusa a Colau, además de a sus concejales Lucía Martín y Marc Serra, de haberles amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo el fondo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como "Bloc Llavors".

La querella también sostiene que el ayuntamiento, como medida de coacción, impuso a Vauras hasta seis multas por incumplimiento de la ley catalana de vivienda que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, varios de cuyos preceptos fueron anulados después por el Tribunal Constitucional.

Al inicio de la declaración, la jueza ha advertido a Colau que había examinado los expedientes que obran en la causa sin hallar ninguna resolución atribuible a la alcaldesa de la que pudiera derivarse el delito de prevaricación que le imputa Vauras, pero le ha pedido que aclare si dio alguna instrucción a los servicios municipales sobre el fondo de inversión.

En ese sentido, Ada Colau ha puntualizado que, si bien ella se había interesado por los desahucios del "Bloc Llavors" por ser un asunto de "especial sensibilidad", no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron ya que fue el gerente del Instituto Municipal de Vivienda quien los resolvió, de acuerdo con una propuesta de los servicios jurídicos.

También ha negado la alcaldesa que diera instrucciones a los servicios sociales del consistorio para dificultar el desahucio de las familias vulnerables del "Bloc Llavors" y que, a través del Departamento de Interior, tratara de condicionar la actuación de los Mossos d'Esquadra en el lanzamiento.

Tras el desahucio del "Bloc Llavors", situado en la calle Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona abrió expedientes sancionadores a Vauras Investments por seis faltas, una por cada una de las seis familias vulnerables del edificio a las que el fondo de inversión no había ofrecido alquiler social.

Una vez el Constitucional anuló los preceptos de la ley catalana de vivienda en que se basaban las multas, un juzgado al que el fondo de inversión había recurrido las sanciones obligó al ayuntamiento a retirar la primera de ellas, criterio que llevó al consistorio a anular el resto.

Colau: "No tenemos nada que esconder"

Sobre su declaración en los juzgados, Colau ha explicado que ha ido muy bien, que ha durado en torno a 10 minutos, lo que para ella demuestra que "no hay nada, no hay caso", y confía en que se archivará.

"No tenemos ningún problema en colaborar con la justicia porque sabemos que no hay caso. Lo que sí que hay es un fondo buitre que porque no consigue lo que quiere intenta intimidar a un ayuntamiento democrático a base de querellas, y ya les decimos que no lo conseguirán", ha afirmado.

Ha insistido en que el fondo de inversión Vauras no cumplía con la ley catalana y que su objetivo como Ayuntamiento es apoyar a los más vulnerables y cumplir con la ley: "Me preocupa que continúen especulando con total impunidad y echando a los vecinos de los inmuebles".