Comisiones, chantajes, información "fiscal y bancaria"... las dudas sin despejar sobre la batalla entre Ayuso y Casado

Muchas de las incógnitas que rodean al conflicto Génova-Sol siguen sin aclararse. Ya son varias las comparecencias y entrevistas que se han sucedido por parte de los líderes -tanto nacionales como regionales- del PP, pero todavía no se han aclarado algunos de los aspectos en torno a los contratos adjudicados al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

El contrato que ha desatado la guerra data de abril de 2020, coincidiendo con la primera ola de coronavirus y el confinamiento domiciliario. Se emitió para comprar 50.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por 1,5 millones de euros. Alrededor de 6 euros por cada mascarilla, en lo peor de la pandemia. A continuación, se expone la documentación relativa a esta operación.

Una transacción por la que el hermano de la presidenta habría ganado unos 286.000 euros de comisiones, según publica el diario 'ABC'. La dirigente madrileña ha reconocido que tanto el contrato como la comisión existieron, pero ha defendido que "las comisiones no ilegales". Posteriormente, ha emitido un comunicado indicando que su hermano cobró una comisión de 55.850 euros (más IVA). "La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto", ha dicho al respecto. Aunque esta es solo una de las cuatro facturas que Tomás Díaz Ayuso de las que no se han dado cuenta.

Sin embargo, para Pablo Casado es cuestionable que en lo peor de una crisis sanitaria el hermano de una dirigente autonómica se beneficie cuando "se estaban muriendo 700.000 personas al día". Asimismo, ha señalado que "la información de que la comisión fue de 286.000 euros es suficientemente relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias".

¿Cómo llegó al PP la información?

Pablo Casado ha confirmado en declaraciones a la 'COPE' que el dossier que recibió Génova con la información en torno al polémico contrato incluía "datos fiscales y bancarios", pero "no personales". Y, aunque ha negado que estos documentos salieran de Moncloa, sí ha dicho que "es una información que solo puede venir de alguien con acceso a datos oficiales". Desde el Gobierno también han desmentido que el Ejecutivo pasara información relativa a Ayuso o su hermano al Partido Popular.

Y es que la dirigente autonómica aseguró este jueves que supo de la "operación" de investigación en octubre, cuando se trasladó a Génova para hablar "de la situación del partido y del Congreso" del partido en Madrid. "Para mi sorpresa, (Casado) me contestó que tenía conocimiento de una operación que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa".

Unas informaciones que el presidente 'popular', así como el Gobierno nacional, han desmentido categóricamente.

¿Qué pasará con el expediente a Ayuso?

Teodoro García Egea anunció este jueves que el partidole había abierto un expediente informativo -que no sancionador- a la presidenta.

La portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho en 'Espejo Público' que los órganos internos serán los que decidan en torno al expediente informativo que se ha abierto. "Está claro que atacar al presidente no es algo correcto dentro del funcionamiento de un partido donde hay que actuar con la máxima lealtad y transparencia", ha señalado al respecto.

Por su parte, el propio Casado ha dicho que esto no puede acabar en un expediente de expulsión, sino que se ha abierto para recabar toda la información y en base a los estatutos, que dicen que "no se puede difamar y calumniar a un compañero de partido públicamente".

"Quiero que esto se resuelva ya porque los afiliados no se merecen este espectáculo bochornoso. La gente quiere que salgamos de esta crisis y me comprometo a resolver esta cuestión y a unir al partido", ha sentenciado al respecto.

¿Hubo una operación de espionaje?

No hubo espionaje a Isabel Díaz Ayuso, tampoco a ningún miembro de su familia. O al menos eso es lo que dicen desde Génova y el Ayuntamiento de Madrid.

Tras las informaciones publicadas este miércoles, que apuntaban a una operación de Génova contra la presidenta financiada a través de una empresa municipal del consistorio madrileño, Teodoro García Egea, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida han desmentido los hechos.

El propio alcalde madrileño, el primero en comparecer ante la prensa tras conocerse lo ocurrido, negó categóricamente la implicación del Ayuntamiento y explicó que inició una investigación cuando le trasladaron esta información. Según su versión, tanto el detective como el trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda negaron los hechos y, por tanto, "no había pruebas al respecto".

Sin embargo, horas más tarde dimitió de su cargo municipal tras verse salpicado por las informaciones. "Tras la nueva información aparecida esta tarde en El Confidencial, y tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, Ángel Carromero ha presentado su dimisión con efecto inmediato a partir del día de hoy", informaron fuentes municipales. Y es que, varios medios apuntaron hacia su persona como uno de los responsables del supuesto espionaje.

Preguntado por esta dimisión, Pablo Casado ha vuelto a defender en que no hubo ninguna trama de espionaje, pero Carromero se ha echado a un lado porque está "en la picota" y no quiere perjudicar al consistorio.