Condenan a siete concejales del PP de Santiago a nueve años de inhabilitación

Siete concejales del ejecutivo local de Santiago han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con fondos públicos la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon, informaron fuentes judiciales.

El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con fondos públicos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.

La decisión de costear esta representación legal con cargo a las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con el dinero de todos.

Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya. La semana pasada anunció su dimisión Adrián Varela, en "solidaridad" con sus compañeros "expuestos a una situación judicial muy difícil", y el ejecutivo local, bajo el mandato de Ángel Currás, ya vivió la dimisión del que era concejal de Tráfico Albino Vázquez, imputado en el caso Pokemon por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, así como la salida de Paula Prado, diputada autonómica y actual portavoz del PPdeG, salpicada, aunque no imputada, por la Operación Pokemon.