Estado del bienestar

El Congreso aprueba las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad: así cambiará la vida de las personas afectadas

¿Por qué es importante? Uno de los objetivos del Gobierno es cambiar el modelo de cuidados: retrasar al máximo el ingreso en una residencia, favoreciendo que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares con más apoyos.

El Congreso ha dado luz verde a las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad, dos normas con las que el Gobierno pretende transformar el modelo de cuidados en España. Además de blindar por ley que el Estado financie el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la reforma incorpora nuevos derechos y flexibiliza el acceso a las prestaciones.

El objetivo es que las personas dependientes puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, con los apoyos necesarios, y que el acceso a los cuidados deje de depender de los recursos económicos de cada familia.

Más apoyos para permanecer en casa

Una de las principales novedades es que las prestaciones dejarán de ser incompatibles en muchos casos. Hasta ahora, una persona dependiente tenía que elegir entre determinados servicios. Con la reforma podrá combinar varios recursos si su situación lo requiere, por ejemplo un centro de día con teleasistencia o ayudas económicas para el cuidador.

También se amplía la figura de la asistencia personal. Ya no se limitará a prestar apoyo dentro del domicilio, sino que podrá acompañar a la persona dependiente en actividades cotidianas como acudir al médico, hacer la compra o realizar gestiones. Además, la teleasistencia pasa a reconocerse como un derecho y se amplía el concepto de cuidador, que ya no tendrá que ser necesariamente un familiar directo. Son cambios que muchas familias llevan años reclamando.

Mayor financiación y más prestaciones: el Congreso aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Hace apenas diez días que Isabel consiguió que su hermana entrara, por fin, en una residencia pública. La solicitud de dependencia la presentó en 2021. Pasaron cuatro años y medio hasta que le adjudicaron una plaza, lejos de su domicilio, ella es de Burgos pero la plaza que le han otorgado está en un pueblo de Palencia. Mientras tanto, la familia tuvo que asumir el coste de una residencia privada. "Con el grado II le daban 300 euros y la residencia cuesta 2.000", explica. Antes ya había vivido una situación similar con su madre. "Falleció y justo cuando murió le concedieron la plaza pública".

Poder combinar recursos

La reforma también busca adaptar la atención a las necesidades de cada persona. Es el caso de María Ángeles, que tiene reconocido un grado II de dependencia y un 89% de discapacidad. Por las mañanas acude a un centro de día y por las tardes reside en una residencia.

Su madre, Eva, explica que ambos recursos cumplen funciones distintas. "En la residencia no hay actividades para reforzar su autonomía. En el centro de día puede hacer deporte, leer o escribir". Por eso considera fundamental que ambos servicios puedan complementarse. "Es vital porque estructura su vida, le da independencia y el día de mañana, cuando yo no esté, no tenga que ser una carga para sus hermanos".

La accesibilidad deja de ser una opción

La reforma de la Ley de Discapacidad también incorpora importantes novedades. Entre ellas, reconoce la accesibilidad como un derecho. Las personas con discapacidad podrán solicitar obras para adaptar sus edificios y las comunidades de vecinos estarán obligadas a pedir las ayudas públicas disponibles para realizarlas.

Es una medida que espera Adrián. Tras una lesión pasó meses en silla de ruedas y descubrió las barreras de vivir en un edificio sin ascensor." No hay plataforma ni ascensor. Vivo en un segundo piso y no podía moverme", relata. Confía en que la nueva ley permita instalar un elevador en su comunidad y dejar de sentirse atrapado en su propia casa.

Con estas reformas, el Gobierno quiere impulsar un nuevo modelo de cuidados basado en la autonomía y la permanencia en el entorno habitual. Las familias piden que el acceso a los cuidados no dependa de sus ingresos y que sea el Estado del bienestar quien garantice la protección y los apoyos cuando más se necesita.

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