El Congreso pide que se investigue la Fundación Franco por alentar a incumplir la Ley de Memoria Histórica

La iniciativa, presentada por En Marea, la coalición gallega adscrita a Unidos Podemos, ha contado con el apoyo del PSOE, ERC, PNV, PDeCat y EH Bildu. El PP, que no ha entrado a discutir el fondo del asunto, ha votado en contra por considerar que esta cuestión se debería haber debatido en la Comisión de Educación, ya que es de este Ministerio del que depende el Protectorado de Fundaciones.

No obstante, ha sido la diputada 'popular' Beatriz Escudero la que ha informado de que el Protectorado ya ha pedido información a la fundación sobre sus actividades y de que, cuando analice la documentación que le envíe, podrá decidir si abre una investigación al respecto.

En Marea registró su texto tras conocer que la Fundación Franco ha ofrecido asistencia legal a 355 alcaldes para que no tengan que aplicar la norma, que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos, en el convencimiento de que triunfará "el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado y la civilización sobre el odio iconoclasta".

En la misiva que envió a los alcaldes, según recoge En Marea en su iniciativa, la Fundación Francisco Franco incluye algunas razones por las que los alcaldes no deberían "ceder" ante quienes quieren "legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: "la Transición, la Monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico".

Durante su intervención en la Comisión de Interior, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha subrayado que la existencia de la Fundación Francisco Franco es una "auténtica anomalía democrática" porque su "objetivo último" es, precisamente, "combatir la democracia". Por eso ha exigido que se cumplan tanto la Ley de Memoria como la de Fundaciones que, ha recordado, establece que estas entidades deben perseguir el interés general y respetar los Derechos Humanos.

En concreto, el texto aprobado en el Congreso insta al Gobierno a dictar las instrucciones pertinentes para que el Protectorado abra una investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Francisco Franco y que, en el caso de que hubiera indicios racionales de ilicitud penal sus actividades, dicte resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, tal y como establece la ley.

Además, la Cámara emplaza al Ejecutivo a impugnar los actos y acuerdos del Patronato contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación, a solicitar a la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la misma y a ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos, instando su cese inmediato.