El Congreso responde al conflicto institucional que plantea el PP por la amnistía: "El Senado podrá decir 'misa'"

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha querido dejar claro que la Cámara Baja no tiene obligación de atender al conflicto institucional que pretende plantear el Partido Popular en el Senado por la aprobación de la ley de Amnistía: "El Senado podrá decir 'misa', y nosotros podremos escucharla o no". El PP, que controla la Cámara Alta con mayoría absoluta, ha anunciado que llevará la semana próxima una iniciativa al Pleno exigiendo al Congreso que retire la Ley de Amnistía.

Si no se atendiera el requerimiento, los populares aseguran que plantearán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. A ello ha respondido Gómez de Celis unas horas después. En los pasillos del Congreso, el vicepresidente socialista de la Cámara Baja no ha querido adelantar cuál será la respuesta del Congreso, remitiéndose a la iniciativa que presente el PP en la Cámara Alta y a su aprobación: "Ya veremos", se ha limitado a decir. A diferencia del Senado, en la Cámara Baja la mayoría de la Mesa la tienen PSOE y Sumar.

En la tarde de este martes, Alicia García, portavoz del PP en el Senado, adelantaba esta decisión de su formación al considerar que la ley de amnistía es en realidad "una reforma encubierta de la Constitución", mismas palabras que utilizaron los letrados del Senado en su informe sobre dicha ley, en el que también cuestionaban que la norma vulnera "principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución". En una interpelación al mininistro Bolaños, García aseguraba que "cualquiera que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley".

Tras la presentación del escrito de los populares, el Senado celebrará un pleno en el que se requerirá al Congreso la retirada de la ley de amnistía de manera formal. Una vez realizada esta solicitud, la Cámara Baja tendrá 30 días para contestar. Y es aquí donde se abre un nuevo escenario: en caso de no firmar la petición o no responder, se abriría la segunda fase, en la que entraría de lleno el Constitucional. Si el alto tribunal no diera respuesta a esta cuestión, la ley de amnistía continuaría con su tramitación.

En ese escenario, la norma podría aprobarse, como tarde, el 16 de mayo. No obstante, también cabe la posibilidad, como recordaron este miércoles los letrados del Senado, que cabe la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar del procedimiento legislativo si hay un "perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta". La política se prepara así para el primer gran choque institucional entre ambas cámaras.