Tras anunciar medidas antiaborto

Cisma en el Gobierno de Castilla y León por el plan antiaborto de Gallardo: las contradicciones de PP y Vox

La Consejería de Sanidad desautoriza el anuncio del vicepresidente de la Junta, de Vox, sobre un nuevo protocolo para las mujeres embarazadas que quieren abortar. El consejero, del PP, habla de "pequeñas matizaciones" sobre las medidas anunciadas por García-Gallardo.

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Enredo en el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León tras el anuncio de medidas antiabortodel vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por laSexta han desacreditado este viernes. Según este departamento, no hay nada nuevo en los protocolos de tratamiento a las embarazadas, ya que las opciones de una ecografía en 4D o de escuchar el latido del feto ya existían.

Así, según la Consejería, las ecografías en 4D se realizarán en hospitales públicos como hasta ahora, bajo criterio médico y en el último trimestre del embarazo, y no para mostrar rasgos del feto, como defendía García-Gallardo, para que las mujeres que quieran abortar se impliquen más emocionalmente.

En cuanto a la posibilidad de escuchar el latido fetal, destacan que se trata de garantizar que si la mujer lo solicita se haga, pero insisten igualmente en que siempre será bajo criterios médicos y que no se obliga a la mujer. De la misma manera, señalan que no se va a "obligar" a ningún médico y se muestran sorprendidos ante las palabras del vicepresidente de la Junta.

El consejero de Sanidad habla de "pequeñas matizaciones"

Posteriormente, sin embargo, el consejero de Sanidad, el 'popular' Alejandro Vázquez, ha admitido en declaraciones a Efe que sí habrá algunos cambios en los procedimientos y ha asegurado que solo existen unas "pequeñas matizaciones" de su departamento sobre las medidas anunciadas por García-Gallardo.

En concreto, Vázquez ha reconocido que sí va a haber cambios para "agilizar" la atención psicológica de las mujeres que lo soliciten o si los médicos lo ven "apropiado", de forma que también los ginecólogos puedan derivarlas a salud mental, mientras que hasta ahora ese paso únicamente el médico de familia.

En cuanto a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal entre las semanas sexta y novena, Vázquez ha asegurado que "se va a facilitar a todas aquellas mujeres que así lo requieran", pero "por supuesto a la que no lo requiera no se le va a hacer". De hecho, el consejero ha indicado que ese ofrecimiento ya se hace cuando se realiza la primera ecografía a las 12-13 semanas, pero ha señalado que hay situaciones en las que, siempre con el "criterio clínico", por ejemplo ante un sangrado, la ecografía se realiza antes y puede también ofrecerse escuchar el latido.

En lo referente a las ecografías 4D, el consejero ha explicado que los cambios consistirán en dotar de aparatos los hospitales de Ávila y Segovia -los únicos que no disponían de ellos- y "generalizar" su uso al incorporar estas pruebas a la cartera básica de servicios. No obstante, también ha remarcado que se ofrecerá esta posibilidad, pero que si la madre no quiere realizarla "no se le va a hacer".

Por otra parte, ante la pregunta de si la polémica puede haber derivado de mezclar cuestiones que remiten al protocolo de atención general a las embarazadas y el que se sigue cuando una mujer quiere abortar, el consejero ha reconocido a la citada agencia que "puede que el mensaje haya quedado distorsionado" y que "son dos protocolos diferentes".

García-Gallardo se reafirma

Ante la polémica suscitada, García-Gallardo ha defendido este viernes que las medidas que anunció el jueves estaban "consensuadas" con Vázquez y que se van a aplicar "inmediatamente", remitiéndose a la nota de prensa emitida por la Consejería.

No obstante, en esa nota no se explica una de las principales polémicas: la obligación o no de los sanitarios de aplicar las medidas. Es más, se defiende el respecto a la objeción de conciencia "de aquellos profesionales que participen en la prestación de la interrupción voluntario del embarazo". Preguntado sobre si son medidas que coaccionan a la mujer, el vicepresidente de la Junta ha respondido así: "Si usted cree que es una coacción denúncielo, a ver qué dice un juez".

Por su parte, el consejero de Presidencia, José Julio Carnero (PP), ha insistido este mismo viernes en que "no se puede obligar a los médicos" para que apliquen el protocolo y en que son "medidas que apoyan a las mujeres embarazadas siempre que ellas lo deseen y dentro de la ley". Además, ha destacado que no se ha abordado el tema en el Consejo de Gobierno.

Ante la polémica por las palabras de García-Gallardo, Carnero ha remitido a la nota explicativa de la Consejería de Sanidad, a la que se puede acceder pinchando aquí, y en la que en ningún momento se señala que los sanitarios estén obligados a insistir a las mujeres embarazadas para que escuchen el latido fetal o se realicen una ecografía 4D.

El consejero de Sanidad, por su parte, ha recordado que "los profesionales sanitarios no funcionan bajo el criterio de obligatoriedad" sino "bajo el criterio de actuación clínica". El presidente Alfonso Fernández Mañueco, entretanto, guarda silencio, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha preferido esquivar la cuestión ante las preguntas de la prensa. Borja Sémper, en cambio, ha advertido de que no están "dispuestos a tragar con cualquier cosa".

El vicepresidente de extrema derecha anunciaba este jueves un nuevo protocolo para "salvar niños en Castilla y León". García-Gallardo detallaba el protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", con medidas como una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" o una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

Un plan para las embarazadas quedefendía como un compromiso del Gobierno de coalición con el PP, agradeciendo al consejero de Sanidad su "disposición" con la medida. Anuncio que ahora, con las contradicciones que han evidenciado los socios de la coalición, no parece firme.

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