El Constitucional aborda el recurso del PP sobre la ley del aborto más de una década después

Casi 13 años después, el Tribunal Constitucional aborda finalmente esta semana el recurso que el PP presentó contra la ley del aborto en 2010. Lo hará en un pleno con mayoría progresista, que quiere avalar la norma sin condiciones, siempre que las abstenciones o recusaciones no dejen al tribunal sin quórum.

El debate arranca este martes con la ponencia del juez conservador Enrique Arnaldo sobre la mesa, un borrador que el resto de magistrados ya ha podido estudiar a fondo. Según fuentes jurídicas citadas por Efe y Europa Press, su propuesta avala casi íntegramente la ley aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: solo ve inconstitucional el artículo que regula la información que reciben las mujeres, al considerar que no garantiza lo suficiente que haya un consentimiento informado.

Además, el magistrado pone el foco en dos cuestiones incluidas en la norma: el aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la física o psíquica, y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas y posteriores a la intervención.

La ponencia, en cambio, no aborda la cuestión del consentimiento paterno para abortar en menores de 16 y 17 años porque, aunque era uno de los preceptos impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso 'popular' habría perdido su objeto en este punto.

Peligra el quórum por las recusaciones

Aunque la mayoría progresista, de siete a cuatro, tiene intención de avalar íntegramente la ley sin limitaciones o condiciones al derecho al aborto, las recusaciones y posibles abstenciones amenazan el consenso del tribunal.

En concreto, cinco de los 71 diputados 'populares' que firmaron el recurso de inconstitucionalidad hace ya más de una década -entre ellos el exministro Federico Trillo- han presentado recusaciones contra cuatro magistrados: el propio presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel.

Las recusaciones se amparan en que el actual presidente de la corte de garantías era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la ley; en el caso de Campo, en que era secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la norma; y, con respecto a las magistradas Montalbán y Espejel, esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó.

Si estos cuatro magistrados fueran apartados -voluntariamente o por decisión del Pleno- el Constitucional se quedaría sin los al menos ocho magistrados necesarios para resolver válidamente el recurso, ya que ahora mismo el tribunal está integrado por 11 jueces. Hasta el momento, Conde-Pumpido, Campo y Montalbán han rechazado abstenerse y solo Espejel ha comunicado su abstención,una decisión que en todo caso deberá ser avalada o, en su caso, rechazada, por el pleno.

Así, el tribunal abordará las abstenciones y recusaciones el martes con la intención de evitar que el pleno se quede sin el mínimo de ocho magistrados y ya después entrar en el fondo de la cuestión a partir del miércoles, que también puede demorarse. Si el borrador de Arnaldo no tiene los apoyos mayoritarios, se abren dos escenarios: que el magistrado asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro juez el que la redacte acorde al sentir de la mayoría y se apruebe así en el siguiente pleno.