El Constitucional verifica por unanimidad que los nuevos magistrados cumplen los requisitos

El pleno del Tribunal Constitucional ha confirmado este jueves por unanimidad la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados que pasarán a integrar la corte de garantías: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo del Gobierno Laura Díez, propuestos por el Ejecutivo; y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial.

Según informa el TC, los once magistrados, reunidos este jueves en un pleno extraordinario, han confirmado que los cuatro candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Es el último trámite para culminar la renovación del tribunal de garantías, pendiente desde junio y que desembocará en un cambio en la relación de fuerzas en el TC, con siete miembros de sensibilidad progresista y cuatro conservadora.

Ahora, los magistrados deberán jurar o prometer su cargo en presencia del rey Felipe VI y después tomar posesión (9 de enero). Con la entrada de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, la corte de garantías cambiará su equilibrio de fuerzas con siete jueces de sensibilidad progresista y cuatro conservadores, y con una vacante aún pendiente, que le corresponde nombrar al Senado.

El examen de idoneidad constituye un trámite previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que el pleno debe verificar en una votación secreta si los candidatos "reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley".

Dicha norma dice que los miembros del Constitucional "deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función".

Mayoría progresista hasta 2031

Una vez pasado este trámite, el Tribunal de Garantías cambiará para pasar a tener una mayoría de siete miembros progresistas frente a cuatro conservadores hasta el año 2031. Además, se tendrá que elegir a un nuevo presidente mientras se hace frente a recursos como los presentados por las reformas de la eutanasia o la 'Ley Celaá'.

Además, el tribunal tiene pendiente la 'Ley Rider', la votación de la reforma laboral, el impuesto del patrimonio o la ley de protección de la infancia y la adolescencia, sin contar con temas que puedan llegar como la 'Ley Trans', la sedición o la malversación.