Caso ERE
El Constitucional estudiará una ponencia que podría anular la condena a Magdalena Álvarez por los ERE
Según fuentes consultadas por laSexta, la ponencia que ha planteado la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, propone al Pleno anular la sentencia que condenó por prevaricación a la exconsejera Magdalena Álvarez y retrotraer las actuaciones para que la Audiencia de Sevilla dicte otra conforme a derecho.
El Tribunal Constitucional estudiará la posibilidad de estimar el recurso de la exministra de Transportes y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, que podría anular su condena a nueva años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE.
Fuentes consultadas por laSexta explican que la ponencia planteada por la vicepresidenta del organismo, Inmaculada Montalbán, propone al Pleno anular la sentencia que condenó por prevaricación a la exconsejera Magdalena Álvarez y retrotraer las actuaciones para que la Audiencia de Sevilla dicte otra conforme a derecho.
El derecho teóricamente vulnerado es el de la legalidad sancionadora. El artículo 25.1 de la Constitución dispone lo siguiente: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".
Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por 12 de los condenados en el llamado 'caso EREs', el Constitucional comienza la próxima semana a deliberar sobre los referidos amparos. En estos recursos se impugnan las sentencias recaídas en la denominada 'pieza específica', que tiene por objeto enjuiciar a quienes, desde su posición institucional, promovieron el sistema de presupuestación del que traen causa las ayudas sociolaborales que, durante los años 2000 a 2009, estuvo vigente en la comunidad autónoma de Andalucía.
El Tribunal acordó la admisión a trámite de estos recursos de amparo al considerar que tienen especial trascendencia constitucional por dos motivos: porque plantean un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales.