El Constitucional avala que el CGPJ no pueda hacer nombramientos estando en funciones

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este lunes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda hacer nombramientos estando en funciones. El Alto Tribunal ha desestimado los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Grupos Parlamentarios de Vox y del Partido Popular contra la Ley 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

El Pleno ha aprobado esta decisión por 7 votos a 4. Los cuatro magistrados que han votado en contra son Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel, que han anunciado voto particular. Entre los magistrado a favor esta la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

El Tribunal Constitucional ha encarado un pleno de alta tensión sobre la reforma del CGPJ que quiere impedir a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones, con dos posturas enfrentadas por bloques: de un lado, los progresistas, que defendían avalar la norma; de otro, los conservadores, que la ven inconstitucional. El de este lunes ha sido un pleno monográfico, dedicado únicamente a resolver los recursos de PP y Vox contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial, una fórmula que no es habitual en el tribunal de garantías pero que fue la elegida por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, dada la complejidad del asunto y el interés general.

La reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, se hizo con la intención de forzar al PP a renovar el Consejo, pero los populares no cambiaron su posición y, además, se causó un problema añadido con un goteo incesante de nombramientos pendientes en la cúpula judicial.

Es más, la gestión de estos recursos en el TC ha causado malestar en un sector de la judicatura y del propio Consejo General del Poder Judicial, que consideran que el tribunal de garantías debía haber atendido estos recursos muchos antes debido al deterioro institucional que sufre el órgano de gobierno de los jueces.

Son ya 83 las vacantes que quedan por cubrir en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo, que lleva tiempo advirtiendo del riesgo de colapso debido a su situación "insostenible".