El Constitucional rechaza apartar a Conde-Pumpido de la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por mayoría la recusación formulada por el PP contra el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, por lo que éste podrá participar en las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por Génova contra la ley de amnistía.

El pleno de la corte de garantías, formado por cuatro progresistas y cuatro conservadores tras no participar los magistrados afectados por otras recusaciones, ha aprobado por siete votos a uno un auto de la progresista María Luisa Balaguer que desestima de plano el incidente de recusación por no tener base.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, explica que las causas que en su día motivaron la abstención del magistrado Conde-Pumpido en el asunto del procés no coincide con el enjuiciamiento constitucional de una ley penal que "no existía en el momento de suscitarse la abstención". Además, señala que tampoco aquellas manifestaciones "se referían al problema constitucional suscitado ahora".

Cabe esperar que las mismas razones que han llevado al Pleno a descartar la recusación 'popular' conduzcan a tumbar las otras ocho formuladas en su contra por comunidades autónomas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo que han impugnado igualmente la ley de amnistía.

A pesar de que el resultado ha sido pacífico, las discusiones sobre este asunto han ocupado toda la jornada, dado el malestar en el bloque conservador por la forma de proceder del propio Conde-Pumpido con las recusaciones planteadas en los asuntos referidos a la amnistía.

Y es que en este Pleno solo han participado 8 de los 12 magistrados que lo integran habitualmente porque Conde-Pumpido pidió a la magistrada progresista Laura Díez y al conservador José María Macías que no intervinieran en la deliberación sobre la recusación dirigida contra él porque ellos también están recusados en este tema, ella por parte del PP y él por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El sector conservador abogaba por resolver las recusaciones formuladas contra estos tres magistrados del mismo modo que se hizo con las abstenciones del progresista Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de los debates sobre la amnistía porque cuando era ministro de Justicia dijo que era "claramente inconstitucional" en los informes a favor de indultar a los condenados por el 'procés'.

Un resultado "neutro"

Con Campo, el TC ratificó su abstención en el primer asunto que llegó a Pleno, la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS) y, en un Pleno posterior, aplicó ese mismo criterio a las otras 19 abstenciones restantes.

En un escrito dirigido a Conde-Pumpido, Macías le pidió no fraccionar la deliberación sobre las recusaciones para garantizar un resultado "neutro". Razona que, de rechazarse las formuladas contra el presidente del TC y Díez, los magistrados progresistas podrán decidir sobre la lanzada en su contra sin que él haya podido hacerlo en las de ellos.

Así las cosas, Macías reclamaba aplicar la 'pauta Campo' a las 54 recusaciones a magistrados que acompañan a las impugnaciones a la ley de amnistía. En concreto, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acumula 27, mientras que Conde-Pumpido, Díez y Campo cuentan con 9 cada uno. Cabe recordar que las formuladas contra el ex ministro de Justicia decayeron tras ser aceptadas sus abstenciones.

Frente a la petición de Macías, otras voces de la corte de garantías esgrimen que, precisamente, se ha transitado hacia el modelo que el bloque conservador defendió durante el Pleno celebrado el pasado 24 de septiembre, en el que se avaló el conjunto de las abstenciones de Campo.

Una vez rechazada la recusación de Conde-Pumpido, se espera que en el siguiente Pleno se discuta la de Díez en este mismo asunto. Posteriormente, la idea es abordar la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del PP, cuya ponencia ha recaído, precisamente, en Macías. Y después tratar la recusación contra este último.

Ambos sectores coinciden en señalar la pugna por el control de los tiempos como verdadero motivo del nuevo enfrentamiento entre los dos bloques de la corte de garantías.

Desde el sector progresista se buscaba "agilizar" la tramitación de la ley de amnistía a fin de poder sentenciarla en un plazo de entre seis meses a un año, una estimación que en el escenario más optimista podría alumbrar un fallo hacia verano.

De otro lado, se pretendía un debate más sosegado que respetara desde el inicio la individualización de cada incidente, ya fuera abstención o recusación, lo que dilataría irremediablemente la primera sentencia sobre la amnistía.

Según indican fuentes jurídicas, estas dos velocidades se explican por la creciente sensación de que el momento en el que falle el Constitucional podría ser clave para la actual legislatura.